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El Tribunal de Cuentas investiga los gastos aprobados para la frustrada medalla del Congreso de EE.UU. para Aznar

el 05 feb 2010 / 13:44 h.

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El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias de  investigación dirigidas a esclarecer la gestión de un gasto de 2,3  millones de Euros aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de  diciembre de 2003, presidido por José María Aznar, destinado a  suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick  para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla  de Oro del Congreso de Estados Unidos.

La diligencia, dictada el pasado 3 de febrero por el Departamento  Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas,  responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y  Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya  emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales  como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las  pesquisas fueron archivadas.

Ahora, el Tribunal De Cuentas abre unas diligencias preliminares y  ordena dar traslado de la documentación existente sobre este asunto  tanto al Ministerio Fiscal como al Abogado del Estado, a fin de que  aleguen (...) lo que a su derecho convenga" sobre este asunto.  También pregunta a los denunciantes si quieren constituirse en parte  en estas diligencias, "en cuyo caso deberán ejercitar la acción  pública para la exigencia de responsabilidad contable".

El secretario de estas diligencias, a las que se ha dado el número  C-215/09-0, pide también a los denunciantes que concreten quiénes son  las personas contra las que dirigen la acción, así como los  perjuicios sufridos en los fondos del Estado. Los letrados ya han  anunciado su intención de personarse en las actuaciones del tribunal  contable.

PRETENSIONES.

En el escrito que presentaron ante el Tribunal de Cuentas, con  fecha de 15 de diciembre del pasado año, Mazón y Martínez expresan  las pretensiones de su denuncia, que pasan por que se determine qué  parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de José María  Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la  obtención de la Medalla del Congreso.

También solicitan que se compruebe si el contrato, suscrito por un  plazo de 20 meses, se cumplió en su totalidad y si se realizaron  finalmente los trabajos contratados y los desembolsos mensuales  previstos; o si se rescindió tan pronto no fue posible la obtención  de la Medalla.

Asimismo, piden que se aclare en qué se aplicó la diferencia entre  los 2,3 millones de euros aprobados y los 2 millones de dólares  contratados. La finalidad de esta iniciativa es solicitar el  reintegro de lo gastado "por quienes corresponda, de los daños y  abono de los perjuicios originados a los caudales y fondos públicos,  así como los intereses legales correspondientes", reza la denuncia.

QUERELLA ARCHIVADA.

En marzo de 2007, El juez de Instrucción número 23 de Madrid,  David Mamán, inadmitió a trámite la querella que presentaron los  abogados sobre este asunto al no apreciar "existencia de indicio  alguno de responsabilidad criminal", así como de "ningún" delito de  malversación y de falsedad.

Según el juez, la concesión de la Medalla de Oro del Congreso  americano suponía en esos momentos "un beneficio diplomático" y "una  vía presencial en Estados Unidos".

La postura del juez coincidió con el criterio de la Fiscalía de  Madrid, que pidió el archivo de la querella, al considerar que la  acusación contra el ex presidente por malversar dinero público y  falsedad de facturas no estaba "clara" por "la absoluta falta de  concreción" de los hechos denunciados, unido a la "sospecha de la  existencia de intereses espurios", tal y como sostuvo en una  providencia el fiscal adscrito al caso, Luis Ibáñez.

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