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El Tribunal de Cuentas investigara si el caso ERE dañó las arcas públicas

Admite a trámite la denuncia del PP y designará a un instructor al ver indicios de perjuicio a los fondos del Gobierno andaluz.

el 02 jul 2011 / 14:47 h.

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El Tribunal de Cuentas ha admitida a trámite la denuncia presentada por el PP para que investigue las presuntas irregularidades en la tramitación de ayudas públicas para empresas en crisis. Nombrará un delegado instructor para analizar el caso ERE al entender que "siquiera indiciariamente pudiera existir un perjuicio a los caudales públicos" del Gobierno andaluz.

 

El PP acudió en mayo a este órgano, encargado de investigar "cuando los hechos sean supuestamente constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos, tanto si su conocimiento procede del examen y comprobación de cuentas o de cualquier otro procedimiento fiscalizador, como si es consecuencia de una gestión de aquellos que hubiera tenido lugar al margen del proceso normal de rendición de cuentas al Tribunal". El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, aprovechó su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP, celebrada en Sevilla, para dar a conocer el auto, del 24 de junio, en el que el Tribunal de Cuentas admite a trámite su denuncia.

En el auto propone el nombramiento de un delegado instructor para investigar si las irregularidades detectadas en las prejubilaciones de ERE subvencionados -entre las que Empleo detectó 72 intrusos y 111 discrepancias administrativas y que investiga la jueza Mercedes Alaya- causaron perjuicio a las arcas públicas.

Considera que los hechos denunciados por el PP "permiten apreciar, siquiera indiciarianente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos". También señala que, tras su denuncia, recabó la opinión de la propia Junta y de la Fiscalía, que coincidieron en "la procedencia de proponer el nombramiento de un delegado instructor" a fin de que "se practicasen las diligencias oportunas en averiguación de los hechos" denunciados. La Junta está personada en la causa judicial que investiga los ERE y cuya responsabilidad atribuye al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. Empleo ya anunció su intención de recuperar "hasta el último euro" desviado de las ayudas si se demostraba el fraude.

La lectura del PP es distinta. Para Sanz "desde la Junta se ha permitido que se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, para dar ayudas a ayuntamientos del PSOE o a empresas amigas del PSOE". Todo ello "sin control, publicidad ni norma". Considera que la decisión del Tribunal de Cuentas supone que "hay indicios de que no solo haya habido un escándalo político sino una posible responsabilidad penal con efecto en las arcas públicas".


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