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El tribunal del caso Malaya pide a los abogados respeto al juez

Las defensas de los acusados critican que las detenciones fueron «masivas» y en muchos casos «innecesarias».

el 28 sep 2010 / 17:27 h.

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Los acusados, sentados en el centro y rodeados por sus abogados defensores durante la sesión de ayer.
El tribunal encargado de enjuiciar el caso Malaya, la mayor trama de corrupción desmantelada en España –que esquilmó el Ayuntamiento de Marbella–, reclamó ayer a las defensas en la segunda sesión del juicio que eviten “cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce” contra el primer instructor, Miguel Ángel Torres. No obstante, los letrados han insistido en sus críticas a la instrucción, donde hubo, según reiteraron, detenciones “masivas” e “innecesarias”. El juicio se reanudará a partir del próximo lunes, 4 de octubre.

La segunda jornada comenzó con unas palabras del presidente de la Sala, el magistrado José Godino, hacia los abogados, con las que manifestó el parecer del Tribunal tras las alusiones realizadas en la primera sesión por defensas como el letrado Francisco Soriano, también acusado en la causa, quien aseguró en su intervención que el instructor se convirtió en un juez “parcial e inquisidor”. Para la Sala, estas alusiones son “contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales en cualquier tipo de procedimiento”, además de que “no se puede afirmar que el señor juez instructor cometió un delito de detención ilegal”.

El presidente explicó que el Tribunal permitió dichas expresiones “por el absoluto respeto al derecho de defensa” y a los letrados, cuya actuación destacó; así como porque el letrado interviniente es “procesado y es humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento y el recuerdo doloroso producido por la situación vivida”.

En este sentido, el abogado José Antonio Choclán, que representa a varios acusados, aseguró ayer que en la instrucción “se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policíaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados”. Habló de que se adoptaron “sistemáticamente detenciones masivas” y de un interés “personal” del juez.

El letrado consideró que la causa se instruyó en su mayor parte “con opacidad y en secreto”, y que se sitúa dentro de un “modelo inquisitivo de instrucción”. Además, aludió a que el juez “se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España”. “Se comportó, sin tener jurisdicción, como un juez central”, apuntó.

También cuestionó la necesidad de las escuchas telefónicas el letrado de Jaime Hachuel, acusado que según las acusaciones se encargaba de las medidas de seguridad de Roca. El abogado criticó que se intervinieran conversaciones de su cliente, al considerar que fue “meramente accesorio” para investigar al ex asesor del Ayuntamiento marbellí. “Realmente la persona investigada es el señor Roca”, recordó.

Este letrado también recalcó que las detenciones de sus patrocinados, “con todo el respeto al juez instructor, fueron ilícitas, ilegales y abusivas”. Estos arrestos centraron gran parte de las alegaciones expuestas por los letrados en la sesión, en la que se expresaron las cuestiones previas relativas a casi una veintena de procesados. La defensa del acusado Julián Fernández, además de adherirse a las cuestiones de nulidad, aseguró que “da la impresión” de que en la Sala se encuentran “bastantes procesados” y que la única relación que tiene es que “pasaban por allí en un momento inadecuado”.

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