Concentración de apoyo a la Corrala Utopía./ J. M. Paisano
Ni las movilizaciones, huelga de hambre incluida, de las familias ocupas de la Corrala Utopía ni la mediación del Defensor del Pueblo han conseguido que los escasos contactos entre el Ayuntamiento y la Junta, una vez cerrada la vía de la negociación con Ibercaja (propietaria del bloque de San Lázaro), terminen con explicaciones concretas sobre las medidas que ambas administraciones tienen previsto emprender para evitar que la ejecución del desalojo ordenado por la jueza termine con una treintena de familias, con varios menores y dependientes a su cargo, simplemente en la calle. El último episodio tuvo lugar el miércoles, cuando la esperada reunión entre el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Vivienda, Elena Cortés, terminó con el mero anuncio de una comisión para seguir hablando y con el Defensor, Jesús Maeztu, dando la cara ante unas familias indignadas y trasladando unas explicaciones que correspondían al alcalde y la consejera. Ahora, es la Justicia europea la que les exige retratarse y en su respuesta a la demanda del Grupo de abogados 17 de marzo, que defiende a las familias, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, éste da de plazo a ambas administraciones hasta las 16.00 horas del próximo martes día 11 para que le informen de las medidas que han pensado tomar para proteger a las familias, en especial a los menores, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad.
La representación legal de las familias, que ocuparon el inmueble hace dos años y están denunciadas por Ibercaja por usurpación ilegal, presentó el lunes la demanda ante Estrasburgo alegando la vulneración de los artículos 2, 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referidos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes entendiendo que echar a estas familias a la calle sin tener un techo alternativo las aboca a la «indigencia» y tendría un efecto «desestructurador» en los niños y al respeto a la vida privada y familiar en su vertiente del derecho a domicilio y de la prohibición de injerencias desproporcionadas o innecesarias. En su denuncia, el abogado Luis de los Santos pidió la suspensión cautelar del desalojo mientras el Tribunal Europeo decide si esos derechos se están vulnerando. Su resolución, remitida ayer a los demandantes y a la Junta y el Ayuntamiento, no adopta ninguna decisión pero hace un requerimiento a ambas administraciones para que antes del martes le informen de las medidas que «han pensado tomar en relación a los demandantes, en especial un niño menor de la primera demandante en la denuncia se nombran cuatro casos concretos aunque se indica que hay 33 familias en la misma situación teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad para prevenir el incumplimiento de los artículos 3 y 8 del Convenio» y concretamente «¿qué soluciones propondrán y con qué plazos?». Al no suspender el desalojo, el auto del 25 de febrero de la jueza de instrucción 3 de Sevilla en el que ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la ejecución del mismo, sigue vigente y se puede producir en cualquier momento. La propia delegada del Gobierno, Carmen Crespo, dijo ayer que «la orden ya está dada y lo que se está viendo es el momento idóneo», si bien el Defensor anunció el miércoles que pediría al fiscal que lo pare mientras Junta y Consistorio siguen hablando. Para el letrado de las familias, si se efectúa «sería ilegal conforme a la doctrina europea que ordena que antes de cualquier desalojo con riesgo de vulnerabilidad para los afectados las administraciones tienen que garantizar su protección».
La Junta insta a seguir la doctrina europea. La consejera de Vivienda, Elena Cortés, instó a «ser coherentes con las doctrinas» del Tribunal Europeo porque «la democracia no necesita saltarse ninguna regla para atender a familias en situación desesperada». Para Cortés, el requerimiento de Estrasburgo coincide con la interpretación que la Junta ha venido realizando del proceso, instando en todo momento a que, antes del desalojo, las administraciones competentes garanticen los derechos de las personas socialmente vulnerables.
El Ayuntamiento pide igualdad sin primar a nadie. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, defendió que la «comisión bilateral» ya trabaja para buscar soluciones y que «no se produzca un desalojo por la fuerza» pero incidió en que «la igualdad ante la Ley y la no discriminación a personas en la misma situación deben ser los ejes» para no primar a «quien da una patada a la puerta». La Junta habría propuesto realojar a las familias en viviendas protegidas de su titularidad aún en construcción, previo paso por unas VPO municipales mientras. Zoido mostró su disposición a «ayudar en todo» lo que esté en su «mano» pero recordó que la promoción aludida por la Junta «es para determinadas necesidades». «No se trata de que todos vayan al mismo sitio ni de hacer unas normas a la medida de».
La Policía no se mete pero está lista. La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, precisó que «la orden de desalojo ya está dada y lo que se está viendo es el momento idóneo». Recordó que son los jueces los que ordenan el desalojo y la Policía indica «cómo se puede hacer para evitar problemas colaterales» pero «la cuestión de la exclusión social le compete valorarla a la Junta y al Ayuntamiento». El jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez, apuntó que estas actuaciones exigen «una mayor prudencia y preparación para evitar inconvenientes».
