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El Tribunal Supremo admite una tercera querella contra Garzón

La Sala Segunda del Supremo explica que la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional cometiera un delito en relación a la intervención de las conversaciones "no es totalmente descartable".

el 16 abr 2010 / 21:13 h.

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Garzón, el jueves llegando al Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo confirmó ayer la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre varios de los acusados en el caso Gürtel y sus letrados. Con esta causa, ya son tres las abiertas contra el magistrado. Está imputado por cobrar presuntamente del Banco Santander y por prevaricación debido a su investigación de las muertes en el franquismo.


La Sala de lo Penal del Alto Tribunal rechazó así el recurso de la Fiscalía, que consideraba que las escuchas ordenadas por Garzón aportaron datos que fueron "claves" para la investigación, y al que posteriormente se adhirió el propio magistrado, contra la querella interpuesta por Ignacio Peláez, letrado del empresario José Luis Ulibarri, uno de los acusados en el caso. La querella fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por Peláez aunque el pasado mes de marzo el Supremo admitió que se personaran como acusaciones particulares el presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Gürtel, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.


En un auto, la Sala Segunda del Supremo explica que la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional cometiera un delito en relación a la intervención de las conversaciones "no es totalmente descartable" en el momento actual e inicial del proceso, lo que impide, dice, el directo archivo de las actuaciones "sin perjuicio del que vaya a ser el resultado final" de las mismas.
No obstante, aclara que esto no significa tampoco "que ya pueda afirmarse la existencia de infracción alguna de relevancia penal", pues no toda irregularidad o decisión incorrecta de un juez supone un ilícito penal, ya que se necesita que concurran otros requisitos.

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