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El Tribunal Supremo sentará en el banquillo el 29 de noviembre a Garzón por las escuchas de la Gürtel

el 28 oct 2011 / 11:42 h.

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El Tribunal Supremo sentará el próximo 29 de noviembre en el  banquillo al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por  autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los  cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión, según  informaron fuentes del alto tribunal.

La Sala de lo Penal todavía no ha dado a conocer el auto en el que  señala la fecha del juicio oral en la causa en la que se le investiga  por presuntos delitos de prevaricación y de vulneración de las  garantías constitucionales.

Por estos hechos, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce  solicita la absolución del juez mientras que las acusaciones,  ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel'  Francisco Correa y Pablo Crespo, piden que sea inhabilitado durante  17 años.

El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis  Ulibarri en el caso 'Gürtel'y fue el autor de la querella inicial  contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.  

Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de  prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una  multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años  por un delito contra las garantías constitucionales.

La Sala que juzgará a Garzón estará integrada por los magistrados  que admitieron la causa y participaron en la fase de instrucción el  presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, Julián Sánchez  Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés.  

El alto tribunal rechazó el pasado 29 de septiembre la abstención  de este último magistrado al considerar que su intervención en la  admisión del proceso no suponía que hubiera incurrido en una  situación de "imparcialidad objetiva".

El juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los  que están pendientes de celebrararse por investigar presuntamente sin  competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los  cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar  en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.  

DENEGADAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR GARZON

Fue el pasado 11 de abril cuando el Supremo dictó la apertura del  juicio oral contra Garzón por autorizar la escucha de las  intervenciones telefónicas de los imputados de la trama que se  encontraban en prisión con sus abogados defensores.  

El magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, consideró  entonces que el magistrado tenía la finalidad de "obtener información  de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder  obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello  "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales"  que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de  prisión.  

El auto especificaba así que Garzón, actualmente suspendido  cautelarmente de sus funciones, podía haber incurrido en la comisión  de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de  artificios de escucha y grabación con violación de las garantías  constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que  prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación, sostuvo.

El magistrado instructor rechazó en mayo las diligencias de prueba  que solicitó en su defensa Baltasar Garzón al argumentar que  "cualquiera que fueren los indicios que tuviera contra los imputados  no podía instalar micrófonos en los locutorios penitenciarios si los  indicios (*) no se extendían también a los letrados".

COMPROMISOS INTERNACIONALES

Baltasar Garzón se ha incorporado recientemente al Comité de  Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)  del Consejo de Europa, para el que fue seleccionado el pasado mes de  julio, tras recibir el visto bueno del Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno de los jueces también concedió al juez  suspendido la situación de "compatibilidad por periodo de un año"  para poder ejercer como asesor del Gobierno colombiano en el marco de  la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene en  ese país, por lo que podrá compatibilizar ambas colaboraciones.

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