El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la causa por prevaricación abierta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar las desapariciones tras la Guerra Civil, ha dictado un auto en el que ve motivos para sentarle en el banquillo, si bien pide que sea la sala, compuesta por cinco magistrados, la que decida si finalmente archiva el caso o bien le ordena seguir con la "fase de preparación del juicio oral".
La decisión del instru
ctor se desarrolla en un extenso auto de 60 páginas, notificado ayer, en el que se desestima la última petición de Garzón para que el caso sea cerrado. La decisión puede ser recurrida ante la sala y Garzón, y éste ya está estudiando con su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda la posible interposición de recurso de apelación, informaron fuentes jurídicas.
El escrito de Varela incluye valoraciones de calado, como la que señala que el examen de las actuaciones "ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar". Tal hecho puede constituir un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, según Varela, que añade que "por ahora" no procede adoptar la decisión de seguir la fase de preparación del juicio oral.
El magistrado del Supremo reconoce, no obstante, los "móviles altruistas" del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, "como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes". Sin embargo, estas intenciones "no eximen, ni siquiera atenúan la eventual irresponsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido".
La querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS. Garzón se enfrenta a una posible condena de multa e inhabilitación. El auto concluye que Garzón "era consciente de que carecía de competencia para instruir" una causa sobre los hechos denunciados y que la consideración de éstos como delito de lesa humanidad "no autoriza a reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y amnistía".
