Tras más de dos años de reclamaciones de WWF España para evitar la creación de un polígono industrial en la zona de Las Aletas (Puerto Real, Cádiz), el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que veta el asentamiento de instalaciones para usos empresariales o recreativos en esta zona de alto valor ambiental. Este polígono era una de las principales apuestas de creación de empleo en Andalucía tanto por parte de la Junta como del Gobierno central. Se preveía crear con él 10.000 empleos.
El Tribunal Supremo, en una sentencia firmada ayer, afirmó que las 287 hectárea de marisma, ubicadas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, no son compatibles con las pretensiones de la Administración Central y la Junta de Andalucía de crear un área de actividades industriales, logísticas y empresariales.
Según el fallo, esta zona posee unas características de alto valor ambiental, que las obras e instalaciones previstas desnaturalizarían de forma irreversible. El Alto Tribunal recuerda también que los fines que deben perseguir las administraciones en este dominio son asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación.
Finalmente, reconoce que no existe impedimento alguno para que los usos industriales y de ocio que pretenden asentarse en la costa puedan localizarse en otra ubicación que no agreda de forma irreversible al medio ambiente.
La organización ecologista ha emitido una nota en la que aplaude la decisión del Tribunal, que permitirá salvar una de las zonas ambientalmente más castigadas de la provincia andaluza. El pasado 16 de julio de 2007, WWF se personó ante el Tribunal Supremo para reclamar el expediente de ‘Las Aletas', por apreciar que la creación de una reserva para usos industriales en el dominio público marítimo-terrestre estaría infringiendo la Ley de Costas. El 3 de junio de 2008, formalizaba la demanda y ayer, finalmente, se comunicaba la sentencia.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España afirma que "WWF lleva años denunciando la destrucción de nuestro litoral para satisfacer intereses privados y no puede entender que el Gobierno ampare estas actuaciones. La sentencia del Tribunal Supremo es un hito importante que recuerda a las Administraciones el deber de proteger las marismas y conservarlas para las generaciones futuras, y nos ayuda a lograr su total restauración.".
