Local

El tributo de ir con una soga al cuello

Los consistorios se ven forzados a subir los impuestos para no caer en la bancarrota y mantener, en plena crisis, sus servicios.

el 29 oct 2011 / 21:08 h.

TAGS:

La provincia se pone el cinturón porque vienen curvas. Con sus cuentas pendiendo de un hilo después de años viviendo de las rentas del boom inmobiliario -en forma de suculentas licencias de obra y de apertura-, se han dado de bruces con la cruda realidad: no hay dinero. Ya nadie discute que la crisis no era flor de un día ni de un año. Los consistorios, muchos de los cuales apenas tienen cash para hacer frente a las nóminas de los trabajadores , sólo tienen una vía de ganar tiempo: la subida de los impuestos municipales, que se revisan cada último trimestre del año en pleno.

En esa difícil tesitura no pueden recurrir ya ni a la Diputación de Sevilla , que desde 2008 se ha convertido en el papá que ayuda en la hipoteca a su hijo. Pero su cartera ya no da para ayudar a los 104 municipios de la provincia, después de haber entregado -o anticipado sin intereses- 140 millones en los últimos años. El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, tuvo que claudicar y reconocerlo ayer ante los micrófonos de Radio Sevilla: han dilapidado su remanente de tesorería y se encuentran, al igual de los ayuntamientos, "al filo de la navaja".

La mayoría se apunta, por lo tanto, a la revisión al alza de las ordenanzas municipales para el año 2012, a la vista de que las dos otras fuentes de ingresos a la que pueden recurrir los consistorios, la participación en los ingresos del Estado (PIE) y de la Junta de Andalucía (Patrica). Pero son escasos y, en algún caso, inutilizables por la aplicación de nueva Ley de Economía Sostenible, que obliga al Estado a retener estos tributos si no liquidan antes sus presupuestos, algo que afecta a casi una decena de pueblos. Toca, pues, que se rasque el bolsillo el ciudadano, bajo la premisa, según coinciden muchos de los ayuntamientos, de tener un colchón en forma de euros para mantener a duras penas los servicios públicos. El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), es de los más claros en este aspecto: "el descenso de los ingresos ha sido muy importante" y, pese a subir los tributos y tasas, el dinero "es insuficiente para equilibrar los gastos". "La corresponsabilidad ciudadana es imprescindible para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos", indica en la misma línea el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández (PSOE).

Todo va en la misma dirección y se detecta, sobre todo, en los principales impuestos, el de Bienes e Inmuebles (IBI). La mayoría se ajustan al IPC, lo que significa, traducido a humano, un incremento del 3%, en muchos casos tras años de congelación. Sólo hay excepciones por encima, como en Utrera o Bollullos de la Mitación y por debajo por cumplir con el guión electoral. Algunos de los candidatos del PP prometieron bajar los tributos y, al verse en la Alcaldía, lo han cumplido en el primer año pese a la languidez de sus arcas y forzados por el horizonte electoral que se les viene encima, caso de Gelves o Mairena del Aljarafe. Ambos coinciden hasta en estrategia, presentando incentivos a las empresas que generen empleo o contratos indefinidos.

Pero cada alcalde tiene su eslogan para salvar unos impuestos que, salvo excepciones, son impopulares. Tomares puso sobre la mesa cinco años de congelación de impuestos y estar con la presión fiscal más baja de la provincia para adecuar las tasas. Dos Hermanas y La Rinconada recurren a fraccionar el pago del IBI o, en el caso de este último, impulsar una tasa para los bancos por el uso de sus cajeros. En esta guerra de mensajes entra incluso el cobro más elevado de los impuestos a las grandes superficies comerciales de San Juan.

Las bonificaciones también se ponen a la orden del día: familias numerosas, propietarios de VPO, dueños de vehículos eléctricos, pensionistas... entran en los descuentos, a los que se unen en estos tiempos las familias a los que más ha sacudido la crisis.

Pero el quid de la cuestión, lo que ha llevado al pozo a los consistorios por su dependencia, es el desplome de licencias de obra o apertura. Ahí entra en juego la ley de oferta-demanda: si hay pocas peticiones, las tasas se congelan o se reducen a la mínima expresión. Todo con tal de obtener ingresos extra que permitan revertir una situación límite, que ha llevado a alguno, como al alcalde de Carrión de los Céspedes, Ignacio Escañuela (IU), a pensar en dimitir por ver a su consistorio en la más pura ruina.

  • 1