Los socios de la Generalitat de Cataluña apretaron el viernes: no ven que la propuesta de financiación del Gobierno central cumpla con la letra pequeña de su Estatuto. Cataluña, impulsora de la reforma del modelo pactado en 2001, tiene intención de presentar una alternativa. En Andalucía, la Junta aplaude la propuesta, que defenderá este mes en el Parlamento.
El Gobierno tripartito catalán (PSC, ERC y IC) expresó con claridad su posición de rechazo a la propuesta de financiación que el Gobierno central presentó el pasado martes a las comunidades autónomas. Se trata de un sistema que incluye gran parte de las reclamaciones de los estatutos de Cataluña y Andalucía, aunque no aporta cifras.
Según el texto básico catalán, las administraciones central y autonómica tendrían que haberse puesto de acuerdo antes del pasado 9 de agosto sobre las bases de un nuevo modelo. El plazo pasó sin pacto y las partes se dieron de plazo hasta final de año. In extremis, el pasado día 30, el vicepresidente Solbes presentó un documento sobre el que ya había una negociación abierta con las comunidades.
Una vez que el Gobierno ha dado ese paso -con una importante presión política desde Cataluña para no superar el plazo-, el conseller de Economía catalán, el socialista Antoni Castells, advirtió de que su gobierno "no tiene prisas" en cerrar este asunto. Y en plena ronda de contactos de José Luis Rodríguez Zapatero con los presidentes autonómicos, otro aviso: no renunciará a ningún aspecto de la bilateralidad.
Mientras Cataluña reforzaba su estrategia de presión, la Junta de Andalucía insistió en la defensa del modelo de Rodríguez Zapatero, a pesar de que condiciona su adhesión al mismo a las cifras. El vicepresidente primero, Gaspar Zarrías, dijo que "justo y solidario". "Van a ganar todos los españoles porque habrá más recursos para cumplir con la prestación en base de igualdad de los servicios públicos".
El mes de enero es inhábil en el calendario parlamentario, pero los grupos políticos andaluces presentaron distintas iniciativas que conducirán a la celebración de un pleno extraordinario para analizar el contenido de la propuesta del Ejecutivo central.
Será a mediados de mes ya que la intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es llevar el nuevo modelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de mes. Por el momento, el presidente Zapatero continuará el lunes con su ronda con los presidentes autonómicos. La propuesta enviada a las comunidades está pendiente de concretar en muchos aspectos. La clave para el reparto del dinero, en cualquier caso, es la población, para cuya ponderación se utilizan distintos criterios (los menores de 18 años contarán más para pagar la educación y los mayores para la sanidad, por ejemplo). El Gobierno deja en manos de las autonomías el 90% de los recursos a través de la cesión de impuestos y aumenta la capacidad de éstas para subirlos o bajarlos.
A través de la combinación de tres nuevos fondos, se incluye en el sistema un mecanismo de compensación a las comunidades más dinámicas (para que no aporten al sistema más que el resto, pero reciban menos, como ocurre ahora) y de las menos favorecidas (para no frenar su desarrollo). La principal pega de Cataluña tiene que ver con la falta de concreción del modelo: considera que no concreta cómo va a evitar que la comunidad pierda posiciones en el ranking por sus aportaciones al Estado.
