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El TS ve indicios para juzgar a Garzón por el caso ‘Gürtel’

el 20 oct 2010 / 11:39 h.

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El juez Baltasar Garzón.

Todo apunta a que Baltasar Garzón se sentará finalmente en el banquillo. El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la querella contra el juez por ordenar las escuchas entre varios imputados del caso Gürtel en prisión y sus abogados cree que hay indicios de delitos por prevaricación y contra las garantías constitucionales.

Paralelamente, Garzón solicitó al Supremo que tome declaración como testigo al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira. En un escrito remitido ayer al TS, al que tuvo acceso Efe, Garzón pide que también sea llamado a testificar el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri -imputado en el Gürtel- y que presentó la querella contra él por ordenar las escuchas.En un auto notificado ayer, el magistrado Alberto Jorge Barreiro acuerda que continúe el procedimiento y da diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el archivo del procedimiento o la práctica de nuevas diligencias.

La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el caso Gürtel al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.Garzón, que declaró en el Supremo como imputado por esta causa el pasado 10 de mayo, justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban los implicados, lo que para Barreiro era una "mera posibilidad".Para este magistrado, los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales son de incuestionable gravedad, pero eso no justifica, cuando no concurren indicios incriminatorios contra los letrados que asisten a los imputados, la limitación del derecho de defensa "hasta extremos que lo hacen impracticable o totalmente ineficaz".

"No parece, pues, desmesurado afirmar que si el juez querellado hubiera acordado la incomunicación jurídica de los imputados es muy posible que su defensa tuviera una mayor eficacia, pues al menos no se autoincriminarían ni aportarían fuentes de prueba en contra de sus propios intereses procesales", añade. El auto afirma que Garzón dictó dos resoluciones "ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal que han ocasionado. Tales decisiones -agrega- generaron lo que debe considerarse como una amputación del derecho fundamental a la defensa".

El auto recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la intervención de las comunicaciones entre el letrado y su cliente en los supuestos excepcionales en que se instrumentalice el ejercicio de la profesión de abogado para la comisión de conductas delictivas, pero añade que debe quedar muy claro que los supuestos han de ser "sumamente extraordinarios".

Garzón está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo, después de que el Supremo le abriera juicio oral por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

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