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El TSJA admite la objeción de unos padres contra la asignatura de Ciudadanía

El TSJA ha roto la baraja de la educación en favor de los padres que se oponen a que sus hijos estudien Ciudadanía. En una sentencia muy dura, el tribunal ha aceptado el derecho a objetar contra una asignatura obligatoria, contraviniendo la tesis del Gobierno.

el 15 sep 2009 / 01:08 h.

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El TSJA ha roto la baraja de la educación en favor de los padres que se oponen a que sus hijos estudien Ciudadanía. En una sentencia muy dura, el tribunal ha aceptado el derecho a objetar contra una asignatura obligatoria, contraviniendo la tesis del Gobierno, que decía que la Constitución sólo reconoce la objeción de conciencia al servicio militar.

El TSJA ha desestimado el recurso de la Consejería de Educación, que había denegado a un padre de Bollullos del Condado (Huelva) el derecho a que su hijo falte a clase de Ciudadanía por entender que "el alto contenido político" de la asignatura vulneraba su libertad ideológica y religiosa. La sentencia reconoce por primera vez el derecho a la objeción de conciencia del alumno respecto a Educación para la Ciudadanía, permitiendo al niño no cursar una asignatura obligatoria y evaluable sin miedo a perder el graduado, como advirtió el Ministerio de Educación. Esta sentencia podría crear precedente, aunque el consejero de Educación, Sebastián Cano, negó esa posibilidad con rotundidad. Cano, que estuvo ayer en conversaciones con el ministerio, anunció que la Junta recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior.

El TSJA ha invertido las tornas. A la oleada de objeciones contra EpC que se estaban produciendo en toda España -433 en Andalucía- el ministerio respondió tajante: "La objeción de conciencia es un derecho constitucional reservado a quienes rechazaban hacer el servicio militar, de modo que no puede aplicarse a EpC". Esa máxima se convirtió en un muro tras el que se parapetaron Gobierno y Junta. Pero la sentencia acaba de atravesar esa pared.

Médicos y policías. El fallo se apoya en sentencias anteriores, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, en las que se ha usado la objeción de conciencia más allá del que reconoce la Constitución. El juez explica que ese derecho fue esgrimido por los médicos que rehusaron practicar un aborto, tras la ley que despenalizó algunos supuestos de aborto; o por los militares y policías que consideraron "un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias" porque el Estado les obligó a participar en un acto de culto. De modo que la conclusión del juez es que cualquiera puede alegar objeción de conciencia aunque no esté regulada por ley. "La Ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia, pero la falta de regulación no puede impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales", reza la sentencia.

Convicciones. Por último, el juez se apoya en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que asegura que "el Estado debe respetar las convicciones tanto religiosas como filosóficas de los padres en el conjunto de la enseñanza pública". Cuando la Junta y el Ministerio Fiscal rechazaron las objeciones de los padres, alegaron que estos ni siquiera habían explicado qué contenidos de la asignatura vulneraban su libertad ideológica. "No es así", responde la sentencia, "los contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que no facilita el ejercicio de los derechos de los padres".

En este punto, el fallo es especialmente duro. Ataca directamente a la LOE cuando dice que el objetivo de EpC es educar en "valores comunes", y subraya que la asignatura obliga a pensar sobre "conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa" y sobre conflictos sociales delicados, por lo que "es razonable que los demandantes estén en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que soliciten se excluya de ella a su hijo", a falta de una ley que salvaguarde su libertad ideológica.

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