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El TSJA analizará el 10 de junio la queja de la APS contra Alaya por retener el móvil a un periodista

La Asociación de la Prensa expresa en un escrito su protesta ante el trato que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dispensó al comunicador.

el 31 may 2014 / 15:07 h.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene  previsto analizar el próximo día 10 de junio la queja elevada por la  Asociación de la Prensa de Sevilla contra la juez Mercedes Alaya  después de que ésta ordenara a la Guardia Civil retener y analizar el  contenido del teléfono móvil de un periodista al entender que podría  haberle grabado por medio de este dispositivo. ALAYA-PEQUEFuentes judiciales han informado a Europa Press de que será el  martes día 10 de junio cuando la Sala de Gobierno del Alto Tribunal  andaluz analice la queja de la Asociación de la Prensa, quien en un  escrito ha expresado su protesta ante el trato que la titular del  Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dispensó  el 20 de mayo a un periodista del diario 'La Razón' que cubría la  información sobre la causa de los expedientes de regulación de empleo  (ERE) irregulares. Asimismo, la propia juez ha elevado al TSJA un informe con su  versión de los hechos, según las fuentes consultadas por Europa  Press. Según explica la Asociación de la Prensa de Sevilla en su escrito  de queja, el incidente tuvo lugar sobre las 14,30 horas, cuando la  juez ordenó a la Guardia Civil retener el teléfono móvil de este  redactor, terminal que estaba apagado y que se estaba cargando en un  enchufe próximo a la puerta del despacho de la instructora. La Asociación de la Prensa señala que la magistrada "interpretó  erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro  de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar  que el terminal seguía apagado". De este modo, y "sin siquiera atender las explicaciones del  periodista, la juez fue a buscar a un agente de la Guardia Civil,  quien retuvo el móvil e invitó al periodista a que lo acompañara  hasta el juzgado de guardia". En estas dependencias, una vez cargado  el teléfono, el agente "pudo verificar que no se había realizado  ninguna grabación, tal y como se había afanado el periodista en  ponerle de manifiesto". Aun así, los datos del periodista y su DNI quedaron a disposición  de la Guardia Civil, "no se sabe con qué finalidad", indica la  asociación, que considera que "más sencillo hubiera sido y no se  habría producido ningún incidente, si la magistrada se hubiera  limitado a pedir al periodista que retirara el teléfono de ese lugar  porque ella misma pudo ver, al haber tenido el celular en sus propias  manos, que el dispositivo estaba apagado y con la batería  completamente agotada". El motivo de esta queja "no es otro que el de poner en  conocimiento de la Sala de Gobierno del TSJA esta desproporcionada  reacción, cuando los periodistas lo único que intentan es hacer su  trabajo con dignidad". "Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la  instructora atribuyera la comisión de un posible delito al  informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de  una magistrada con terceras personas", concluye.

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