El TSJA archiva la queja de los periodistas contra la juez Alaya por retener un móvil

Dice que "el incidente denunciado debe ser valorado en el contexto de las investigaciones" que lleva a cabo Alaya.

el 10 jun 2014 / 17:42 h.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado hoy la actuación de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, al ordenar a la Guardia Civil inspeccionar el móvil de un periodista por sospechar que podía estar grabando lo que ocurría en su despacho. La Sala de Gobierno ha archivado hoy la queja de la Asociación de la Prensa de Sevilla basándose en cuestiones de "proporcionalidad a la hora de adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones". La resolución, facilitada a Efe, dice que "el incidente denunciado -de recogida un móvil que estaba enchufado a la corriente en el pasillo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, junto a la puerta del despacho de la magistrada-, debe ser valorado en el contexto de las investigaciones" que lleva a cabo Alaya y su deseo de "evitar filtraciones de lo en ellas actuado y decidido". Por ello, la Sala de Gobierno entiende que "no debe reprocharse la actuación de la magistrada, máxime cuando parece ser, en principio, que sugirió a la Guardia Civil que se trasladaran al Juzgado de Guardia para, en presencia del interesado, comprobar si se había efectuado alguna grabación conectada con las actuaciones judiciales". Tras ello se procedió "de inmediato a la devolución del terminal telefónico", afirma el TSJA. Con ello el alto tribunal andaluz ha archivado la denuncia por un incidente ocurrido el pasado 20 de mayo, cuando Alaya ordenó a los guardias civiles retener el móvil del periodista, que había acudido a las declaraciones sobre los ERE y había dejado el terminal cargando en un pasillo junto al despacho de la juez mientras ella trabajaba en el interior. La magistrada "interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado", según la queja de la Asociación de la Prensa. El TSJA no hace ninguna referencia a las quejas de los periodistas en el sentido de que "lo más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas". Tampoco hace referencia a la parte de la protesta referida a que los datos del periodista y su DNI "quedaron a disposición de la Guardia Civil, no se sabe con qué finalidad". La Asociación de la Prensa acordó poner en conocimiento del TSJA esta "desproporcionada reacción, cuando los periodistas lo único que intentan es hacer su trabajo con dignidad".

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