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El TSJA avala el derecho de la Junta a cambiar el sector público por decreto

Rechaza el recurso de CSIF que consideraba que vulneró la negociación colectiva.

el 05 oct 2011 / 19:53 h.

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Protesta en Torretriana contra el primer decreto-ley
La reordenación del sector público, que mantiene enfrentados al Gobierno andaluz y a los sindicatos de funcionarios, sigue su curso burocrático entre protestas de empleados públicos -ayer funcionarios de Córdoba pitaron a la consejera de Salud y hoy se concentrarán los trabajadores de Torretriana- y fallos judiciales al aluvión de recursos que los sindicatos han puesto a cada paso. El último, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechaza el recurso de CSIF contra la aprobación en Consejo de Gobierno del primer decreto-ley de reordenación.

 

Los tribunales han ido admitiendo a trámite los recursos de los sindicatos y plataformas de funcionarios contra los estatutos y los protocolos para integrar en las nuevas agencias públicas tanto a funcionarios como a trabajadores de las empresas públicas extinguidas, e incluso llegaron a suspender cautelarmente este proceso en la Agencia de Medio Ambiente. Y es ahí, caso a caso, donde se librará la batalla, porque el TSJA acaba de avalar que la Junta use la vía del decreto para reformar su sector público, en contra de CSIF que denunció que se vulneraba la negociación colectiva. El decreto-ley avalado no está en vigor porque la Junta pactó cambios con UGT y CCOO y dictó otro que finalmente se tramitó en el Parlamento como Ley, que es la norma vigente.

El TSJA rechaza el argumento de CSIF de que el Consejo de Gobierno adoptó decisiones que influyen en las condiciones laborales de los empleados públicos sin negociar con sus legítimos representantes. Considera, en un fallo del 16 de septiembre, que del acuerdo aprobado "no se desprende vulneración alguna del derecho a la negociación colectiva laboral ni efecto personal discriminatorio contrario al derecho a la igualdad ni al de acceso a la función pública".

Subraya que el decreto "no regula las condiciones de trabajo del sector público andaluz, sino que sienta las bases para su necesaria reordenación" en el marco de las competencias del Gobierno en política económica. Si la Junta se salta la negociación habrá de enjuiciarse, dice, "en cada uno de los instrumentos normativos de desarrollo en la materia", es decir, en los estatutos y protocolos de integración aprobados, todos recurridos ya.

Por ello, desde CSIF, Alicia Martos, defendió que el TSJA "no entra en la forma" y, además de recurrir al Supremo, emplazó a ver qué ocurre con los recursos a cada agencia. Tras las macromanifestaciones, su batalla se centra ahora en los juzgados. Sin embargo, la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo, mostró "su satisfacción" por un fallo que viene a "clarificar" la "legitimidad" de la Junta para reordenar su sector público y el "respeto" a los derechos laborales.

Mientras, los sindicatos siguen denunciando el "caos" actual de la administración. Safja alerta de que con funcionarios y externos mezclados es difícil controlar quién ejerce tareas que la ley reserva a funcionarios y "hay tensión" entre trabajadores que comparten oficina sin haber pasado la misma selección.

Desde CSIF denuncian que los altos cargos que supuestamente iban a desaparecer al quitar empresas públicas están siendo "recolocados" como directivos, mandando sobre funcionarios, en las agencias. La ley indica que las potestades directivas serán ejercidas "por funcionarios de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno". En la práctica están siendo nombrados por éste "o hacen convocatorias paripé a su medida que solo publican en una intranet".

Martos denuncia que en las agencias de Medio Ambiente, Agricultura o Cultura son cargos directivos los antiguos gerentes provinciales de las empresas públicas Egmasa, DAP o Instituciones Culturales. La Junta habla de 600.000 euros de ahorro y ocho cargos menos en Medio Ambiente.

Según CSIF, también en el SAE los 99 directores de las desaparecidas UTEDLT "están integrados con contratos de alta dirección" y están obligando a funcionarios de las Delegaciones provinciales a trasladarse a las oficinas de empleo para dejar sitio "a los de la Faffe que no quieren ir a atender a parados". Solo en la de Sevilla, donde trabajaban 190 funcionarios y laborales, ya "han desembarcado 110 de la Faffe".

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