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El TSJA avala las oposiciones a Policía Local de Sevilla cuestionadas en lo penal

El Alto Tribunal andaluz ha rechazado el recurso de un opositor que se presentó por concurso interno, en el que reclamaba que le fueran admitidos para el baremo una serie de cursos.

el 02 jul 2014 / 19:34 h.

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Sevilla 19-12-2009  Peatonalización de zonas de Triana, coincidiendo Mientras un juzgado sevillano mantiene abierta una investigación por un presunto fraude en las oposiciones de la Policía Local, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado su respaldo al proceso. El Alto Tribunal andaluz ha rechazado el recurso de un opositor que se presentó al concurso interno y en el que reclamaba que en el baremo se le tuviese en cuenta los puntos por un curso realizado con un sindicato. Se trata del último escrito que tenía pendiente de resolver el TSJA sobre las oposiciones de 2012 para policía local. La sala de lo Contencioso de este tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, rechaza el recurso de un opositor y confirma la decisión del tribunal de la oposición de no admitir en el baremo de méritos unos cursos impartidos por el sindicato CSIF. Según el TSJA, el baremo establecía como méritos los «cursos superados en los centros docentes policiales» y «los que tengan la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía». En este caso, «no consta que el curso en cuestión haya sido ni impartido ni superado en un centro docente policial», por el contrario, está acreditado que «se celebraba a distancia, por lo que menos aún puede concluirse que se celebraba en un centro docente policial, aunque éste fuera on line», afirma el TSJA. La sentencia añade que a ello se une que «el certificado del curso figuraba inscrito en el departamento de formación del sindicato», por lo que «entendemos que es esa institución, y no la Escuela de Policía ni el centro docente policial, que no consta, el que ha impartido el curso en posición preeminente». Fuentes policiales informaron a Efe de que este era el último recurso contra las 47 plazas convocadas para promoción interna, sobre un total de 103, en un proceso que, en su fase de libre acceso, mantiene imputado al jefe administrativo de la Policía Local sevillana y otros tres miembros del tribunal de oposiciones. Todos ellos están imputados por el juez de Instrucción 9, Juan Jesús García Vélez, de presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos por la presunta filtración de las preguntas del examen dado que aparecieron «llamativas coincidencias» tanto en los aciertos como en los fallos de varios opositores. El caso fue denunciado por unos opositores que quedaron sin plaza ante la Fiscalía, que investigó lo ocurrido y, tras comprobar la existencia de delito, decidió elevar el caso a un juzgado. El fiscal consideró entonces que la coincidencia de las respuestas era muy evidente. Una vez que la denuncia llegó al instructor este solicitó al Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) los exámenes originales. Una vez recabada esta prueba el magistrado decidió citar como imputado a cuatro personas, entre ellas a García. En un juzgado. Éste explicó al juez, el mismo que investiga las presuntas facturas falsas de UGT-A, que ve «lógico» las coincidencias en las respuestas, que no eran tipo test, dadas por los opositores si éstas eran las correctas. El magistrado sospecha que el examen fue filtrado a familiares de agentes del cuerpo, a lo que el jefe policial admitió que conocía a alguno de los opositores por la relación con la Policía Local, pero negó en su declaración que hubiera enchufismo o algún tipo de filtración del examen. El superintendente era el presidente de uno de los tribunales examinadores y recordó que había otro tribunal que también tuvo acceso a la prueba, pero que no ha sido imputado, ya que se acumularon dos convocatorias de oposiciones por el retraso de una. El juez, además, abrió recientemente otra línea de investigación por cohecho, ante la posible relación entre un vocal del tribunal y un comercial de la empresa que suministra la ropa la Policía y cuyo hijo está entre los aprobados. Una vez concluida la investigación habrá que ver qué consecuencias puede tener sobre la convocatoria y los aprobados.

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