El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reunido el lunes de esta semana, acordó por unanimidad manifestar "su preocupación y rechazo por las manifestaciones de responsables políticos, recogidas en distintos medios de comunicación, donde se pone en entredicho la imparcialidad en el trabajo jurisdiccional de la magistrada Mercedes Alaya", en referencia a la juez que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos.
Mediante un comunicado, el pleno de la Sala de Gobierno del TSJA señaló su "preocupación y rechazo" ante estas "manifestaciones de responsables políticos" y recordó que "la discrepancia con las resoluciones judiciales se ha de expresar a través de los cauces procesales legalmente previstos", asumiendo además que "la crítica de tales resoluciones no solo es admisible, sino natural y necesaria en un Estado de Derecho".
Este comunicado de la Sala de Gobierno del TSJA surge después de que la semana pasada, en una sesión del Parlamento andaluz, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, acusase a los populares de "manipular" y "engañar" a la juez Mercedes Alaya. Durante su cara a cara con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, en la sesión de control al Ejecutivo autonómico, Griñán defendió que de la lectura de los autos emitidos por la juez Alaya en dicha causa se desprende que el Partido Popular "la engaña" y "juega" con ella.
Cabe recordar al respecto que durante la campaña electoral de los últimos comicios generales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya emitió un comunicado amparando a la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, y censurando las declaraciones en las que el histórico dirigente socialista y de nuevo diputado nacional por Sevilla Alfonso Guerra avisaba de una "fuerte" relación personal entre la juez y el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. La juez Alaya, además, investiga las supuestas irregularidades perpetradas en la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio.
La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, mostró ayer un acta del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), del 26 de septiembre de 2006, en la que acuerda por unanimidad someter al Consejo de Gobierno la ratificación de un acuerdo provisional que concede una subvención excepcional a la empresa Anovo Comlink España S.L. por 3,8 millones de euros con cargo al llamado fondo de reptiles.
