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El TSJA censura que se enseñe a los niños a rechazar la homofobia

El TSJA, único tribunal del país que ha permitido objetar a Ciudadanía, ha vuelto a apretar la soga a la asignatura al aceptar que trata contenidos que "rebasan el ejercicio de la enseñanza y transgreden la neutralidad ideológica". La sentencia anula del temario las referencias a la diversidad de género, cuestionando las políticas públicas de igualdad.

el 15 sep 2009 / 04:00 h.

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El TSJA, único tribunal del país que ha permitido objetar a Ciudadanía, ha vuelto a apretar la soga a la asignatura al aceptar que trata contenidos que "rebasan el ejercicio de la enseñanza y transgreden la neutralidad ideológica". La sentencia anula del temario las referencias a la diversidad de género, cuestionando las políticas públicas de igualdad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar una sentencia anulando algunos contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía que consideran "en los límites de las cuestiones éticas sin resolver". Se refieren, básicamente, a todas las expresiones que reconozcan la diversidad de género y el respeto a la homosexualidad. Por esa razón, ha censurado -remarcando en negro las palabras que anula- todas las referencias de EpC que aborden estos temas. Al hacerlo, ha reconocido, en parte, el recurso de cinco familias sevillanas -dos de ellas vinculadas al Partido Popular- que tienen a sus hijos escolarizados en colegios privados del Opus Dei -Entreolivos y Tabladilla- y que llevaron la asignatura a los tribunales porque entendían que "vulneraba la libertad ideológica y religiosa" de sus críos.

Desde que se aprobó EpC, el debate ha partido en dos a la sociedad: conservadores que acusaban al Gobierno de adoctrinar a sus hijos, y progresistas que defendían la necesidad de educar en los valores de la Constitución. Incluso la Sala del TSJA que ha firmado esta sentencia, y que fue la primera en admitir el derecho de los padres a objetar a EpC, se ha dividido esta vez en sus juicios. De los cinco magistrados que la conforman, dos han formulado un voto particular, manifestando abiertamente su disconformidad con el fallo.

A pesar de que la sentencia en parte da la razón a los padres y se la quita a la Administración, la denuncia iba mucho más allá de lo que al final ha aceptado el Alto Tribunal. Los padres querían que la materia, al ser obligatoria y evaluable, fuera declarada inconstitucional, algo que el TSJA no ha aceptado. Querían que se rectificase la ley cuando dice que todas las asignaturas, de manera transversal, tienen que transmitir ciertos valores sociales, algo que tampoco se ha admitido. Por último, querían que también se eliminase la asignatura Cambios Sociales y de Género, que aborda más directamente asuntos que les indignaban (matrimonio homosexual, tipos de familias..) Pero, al tratarse de una optativa, los jueces tampoco atendieron esta petición.

Lo último que hicieron los demandantes en su recurso contra EpC fue señalar en negrita, dentro de la normativa que regula la materia (la estatal y la autonómica), todas las expresiones y palabras que sentían como una invasión en la formación moral de sus hijos. Pero el TSJA les responde que ni tan siquiera puede decidir sobre algo escrito en la legislación estatal, y todo el temario de EpC está incluido en el Real Decreto de enseñanzas mínimas en Primaria y Secundaria, del Ministerio. Lo único que hace la Junta, en dos órdenes posteriores, es desarrollar un poco la asignatura e incluir algunas referencias que extrae del Estatuto andaluz. El fallo del TSJA sólo discute esto último, y tampoco trata sobre toda la normativa. La ley le prohibe sustituir expresiones de una norma aprobada por el poder legislativo, pero los jueces entienden que hay indicios de "ilegalidad" en los contenidos de EpC, así que lo han remitido al Tribunal Supremo, que sí tiene potestad para decidir si la normativa en sí vulnera los derechos fundamentales de los padres.

Limitados. Así que, a lo largo de 40 páginas, el tribunal argumenta que los poderes públicos han intentado adoctrinar a los alumnos desde las normas estatales hasta las autonómicas, y hace un repaso muy crítico contra la enseñanza, pero, al final, reconoce, en página y media, que sólo tienen potestad para decidir sobre las frases entrecomilladas de Ciudadanía que los padres incluyeron en su denuncia para ejemplificar con qué no estaban de acuerdo. De esas expresiones es de donde el tribunal ha extraído y anulado las referencias que, según los magistrados, "rebasan los límites del ejercicio de la enseñanza y suponen la transgresión del principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos", lo cual implica el "adoctrinamiento idológico por parte de esos poderes". Algunas de las expresiones señaladas trataban, por ejemplo, de los avances en la investigación médica en Andalucía con "células madre". Pero el Alto Tribunal sólo ha estimado el recurso contra los contenidos que abordan la diversidad sexual.

Género. Quienes están en contra de EpC rechazan el concepto de género tal y como lo entiende el Gobierno andaluz. Y ésa es la lucha que se libra en los tribunales y en la sentencia. El objetivo de la perspectiva de género en la escuela es "facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas que permita corregir las discriminaciones que se derivan de ella, y favorecer relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección", dice el I Plan de Igualdad en Educación de la Junta.

Eso implica dos cosas: la primera, el propósito de acabar con los estereotiopos de género, que asignan a la mujer tareas de mujer y al hombre tareas de hombre. Y, la segunda, que existen "diversas opciones vitales" que hay que respetar, entre ellas la homosexualidad, y que el género habla de "la opción sexual de la persona con independencia de su sexo". Y eso es precisamente lo que el TSJA ha borrado del temario de EpC, porque lo considera una "ideología de género". ¿Inculcar en el rechazo a la discriminación por razón de sexo vulnera el derecho de los padres a explicar a sus hijos lo que piensan de los homosexuales?, se preguntan los dos jueces que no han firmado la sentencia.

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