El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado en todos sus extremos las condenas de hasta cuatro años de cárcel impuestas por las facturas falsas del Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, pues considera demostrado que los trabajos se cobraron y no se hicieron.
El TSJA, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, confirma la condena de cuatro años y tres meses de cárcel para José Marín, ex secretario del Distrito Macarena, por el pago de seis facturas falsas por obras menores, en un fallo que incluye tres años y nueve meses de prisión para el contratista José Pardo.
Pardo fue condenado porque a finales de 2002 y comienzos de 2003 presentó al Ayuntamiento de Sevilla varias facturas "pese a conocer que los trabajos no se habían ejecutado o lo habían sido solo parcialmente" y lo hizo aparentando actuar por cuenta de la empresa Contratas y Obras Sevilla (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que ya no tenía la representación de la misma.
En cuanto al secretario del distrito, que tenía la condición de funcionario público, la sentencia de la Audiencia afirmó que "conscientemente permitió que Pardo cobrara por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, pese a conocer que éstas no se habían ejecutado".
El TSJA dice ahora que la sentencia emitida por la Audiencia de Sevilla, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, está "perfectamente motivada", y niega el argumento de las defensas de que el jurado se viese influido por "instrucciones parciales o por algún influjo indebido del magistrado".
Por el contrario, entiende el alto tribunal andaluz que el juez Francisco Gutiérrez tuvo un modo de proceder "acertado", al devolver un primer veredicto porque el jurado no motivó de manera adecuada el comportamiento de Marín.
La sentencia confirma también el importe de la defraudación, 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, en una condena que incluye para Marín una multa de 2.400 euros y una inhabilitación para cargo público durante seis años.
Las defensas argumentaron ante el TSJA que uno de los trabajos, la demolición de unos módulos en la barriada de San Luis, no llegó a realizarse por causas ajenas al contratista y, en consecuencia, debería descontarse del importe cobrado indebidamente el coste de trasladar la maquinaria y trabajadores.
El TSJA responde que es cierto que Pardo tenía derecho a la compensación por tales gastos, pero añade que "no pasó a la Administración una factura por gastos sufridos, sino por la obra realizada", y además argumenta que correspondería a él demostrar cual debería ser el importe de esa compensación.
En cuanto a Marín, el TSJA considera "correcta" la condena por un delito de falsedad en documento oficial pues permitió que los cheques del Ayuntamiento se extendiesen a nombre de Pardo junto al de la empresa COS, una "alteración esencial" para permitir que este segundo imputado pudiese cobrarlos.
Los citados cheques, razona la sentencia, "no podrían ser cobrados por ventanilla por el señor Pardo tal y como venían firmados por el concejal", pero sí "gracias a un indebido y falsario añadido por parte del señor Marín".
