La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido suspender cautelarmente la ejecución de las liquidaciones en concepto de diferencia tarifaria derivada de la explotación del metro de Sevilla en relación a las anualidades 2009, 2010 y 2011, cifradas por la Junta de Andalucía en unos 17 millones.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala rechaza la necesidad de adoptar medida ni fianza alguna y recuerda que esta resolución, en la que se lleva a cabo un juicio cautelar "llamado a alcanzar un difícil equilibrio entre los intereses en conflicto", es susceptible de recurso de reposición.
De esta manera, el TSJA aduce que, dado lo elevado de dicho importe, el pago inmediato o la retención de la participación municipal en los ingresos del Estado "ocasionaría serios trastornos en el normal funcionamiento ordinario de los servicios públicos de prestación obligatoria".
Por el contrario, "el perjuicio de la administración autonómica en la suspensión del acto impugnado es de menor entidad, en atención a que su presupuesto y los recursos económicos que maneja son muy superiores a los municipales", argumenta el tribunal, que da así por tanto validez a la suspensión solicitada.
Según recuerda en su edición de este martes el diario 'ABC', la Junta reclamaba una aportación que alcanza en 2009 unos cinco millones de euros y en 2010 los 7,9 millones, mientras que prevé a cierre de 2011 un importe de 8,3 millones, que quedaría en unos seis millones después de compensar parte del dinero que el Ayuntamiento tiene adelantado a cuenta de la aportación del Estado.
Durante una reunión mantenida entre Junta y Consistorio, se dio traslado a éste último de la explotación de 2009 y 2010 y la previsión de 2011, además de analizar el cumplimiento del convenio. Así, se puso de manifiesto que en 2010 se alcanzaron 14,8 millones de viajeros y que en 2011 se preveía que se alcanzaran los 15 millones de viajeros, analizando la oferta y horarios del servicio.
La tarifa técnica establece un coste de 3,6 euros por cada usuario del metro, por lo que la diferencia respecto a la tarifa media que el viajero paga de 0,8 euros es abonada en un 75 por ciento por la Junta y en un 25 por ciento por parte de los ayuntamientos de los municipios sevillanos de Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Mairena del Aljarafe, además de la propia capital hispalense, que afronta el 81,8 por ciento del citado 25 por ciento al tener un mayor número de habitantes.
Esta tarifa técnica incluye los gastos normales de explotación, la amortización de lo que la concesionaria ha invertido en la obra, los gastos financieros y el beneficio empresarial, dividido entre los viajeros, con lo que el coste que debería pagar el usuario se encuentra actualmente en 3,6 euros.
LA RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han confirmado que están analizando el procedimiento y los pasos a adoptar en relación al auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspende cautelarmente la ejecución de las liquidaciones reclamadas al Ayuntamiento de Sevilla en concepto de aportación económica para la subvención a la tarifa de la Línea 1 del metro, cifradas en unos 17 millones de euros.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han explicado a Europa Press que, en este sentido, la administración autonómica confía en alcanzar un compromiso de pago con el Consistorio hispalense para que abone a la Junta las liquidaciones pendientes, ofreciendo la posibilidad de un pago fraccionado, de modo de que se garanticen así los próximos abonos en condiciones de regularidad, con el fin de preservar el equilibrio económico-financiero de las administraciones.
Y es que, según ha recordado Fomento y Vivienda, estas aportaciones económicas están contempladas y fijadas en el convenio de colaboración suscrito el 10 de julio de 2002 entre el gobierno andaluz y el Ayuntamiento para la construcción y puesta en marcha de la Línea 1, constituyendo, por tanto, el marco de cooperación institucional del que se dotaron las administraciones para abordar esta actuación.
La Junta, a través de las diferentes comisiones mixtas de seguimiento del convenio de colaboración celebradas con el Ayuntamiento tanto a finales del pasado año como en el presente ejercicio, ha ido informando con regularidad a la corporación local de la tramitación sobre la liquidación de las cantidades adeudadas por este concepto, y proporcionando, de igual modo, toda la documentación requerida.
En el auto del TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala rechaza la necesidad de adoptar medida ni fianza alguna y recuerda que esta resolución, en la que se lleva a cabo un juicio cautelar "llamado a alcanzar un difícil equilibrio entre los intereses en conflicto", es susceptible de recurso de reposición.
De esta manera, el TSJA aduce que, dado lo elevado de dicho importe, el pago inmediato o la retención de la participación municipal en los ingresos del Estado "ocasionaría serios trastornos en el normal funcionamiento ordinario de los servicios públicos de prestación obligatoria".
Por el contrario, "el perjuicio de la administración autonómica en la suspensión del acto impugnado es de menor entidad, en atención a que su presupuesto y los recursos económicos que maneja son muy superiores a los municipales", argumenta el tribunal, que da así por tanto validez a la suspensión solicitada.
