El Ayuntamiento de Burguillos ha ganado el pulso que venía echándole a la Junta de Andalucía desde 2006, y lo ha hecho a lo grande. El TSJA le ha dado la razón al Consistorio y obliga ahora a la Administración autonómica a que le apruebe entero el PGOU, al que le amputó 2.300 viviendas.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es una victoria en toda regla de Burguillos, la primera vez además que en la provincia un gobierno local se impone a la Junta en un conflicto por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Básicamente, el Alto Tribunal andaluz viene a decir que en el planeamiento de un municipio manda su ayuntamiento, y que la Administración autonómica sólo puede tumbar su crecimiento urbanístico y poblacional con razones muy fundadas que, cree, no se dan en este caso.
La sentencia cuestiona algunos de los argumentos clave de la LOUA, muy criticados por los consistorios al considerar que limita su desarrollo urbanístico. La pugna judicial tiene además el morbo añadido de que el recurso lo ha presentado un Consistorio gobernado por el PSOE, con lo que en la práctica ha ido en contra de su propio partido.
El origen del conflicto está en la clasificación como urbanizable de dos parcelas, una con 1.446 viviendas y otra con 897, que la Junta paralizó al entender que dispararía de manera desproporcionada la población de Burguillos. Por ello, aprobó definitivamente de forma parcial su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero prohibiendo el desarrollo de las más de 2.300 viviendas de estos dos terrenos.
La decisión fue un obús en la línea de flotación del Ayuntamiento de Burguillos, que veía cómo le amputaban las dos parcelas más golosas de su PGOU. Y con un problema añadido: la previsión de ingresos para desarrollar su crecimiento urbanístico provenía básicamente de estas viviendas. Dicho de otra manera, el gobierno local tenía que hacer frente a unos gastos en parte ya comprometidos con un 60% menos de recursos.
El alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), mantiene desde 2006 que en esta decisión de la Junta está el origen de la actual falta de recursos de su Ayuntamiento, una situación además empeorada por el contexto general de crisis económica que se arrastra desde hace un año. Todo esto unido ha dejado un panorama desolador en el municipio: varios proyectos emblemáticos a medio hacer, quiebra de la empresa municipal Burguillos Natural y despido de la mitad de su plantilla, amenazas de embargo y deudas crecientes con los proveedores.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla rechazó estas más de 2.300 viviendas alegando que con ellas, más las otras promociones previstas en el PGOU, Burguillos iba a pasar de 4.515 habitantes a 24.550, lo que suponía un incremento poblacional del 443%, "y ello a pesar de que este municipio se sitúa en una posición periférica respecto a la aglomeración urbana de Sevilla", tal y como recogía la resolución.
Ahora, en cambio, el TSJA le quita la razón a la Junta y le dice que no puede oponerse al crecimiento poblacional, especialmente si no hay un "interés supramunicipal" evidente. De paso, le dice que es la propia Administración autonómica la que debe argumentar de manera fehaciente qué perjuicios conllevaría el aumento de población, algo que a su juicio no ha demostrado en este caso.
Por ello, el Alto Tribunal andaluz anula la resolución de la comisión, y en consecuencia dictamina que los dos sectores bloqueados en 2006 "han de clasificarse en los mismos en los términos previstos en la aprobación provisional del PGOU, todo ello con las consecuencias inherentes a dicha declaración". Es decir, que Burguillos tiene vía libre para desarrollar estas dos parcelas, una resolución que llega tarde para el Ayuntamiento por la crisis que ahora se vive.
