El TSJA ha acusado a Educación de generar el colapso en la escolarización de algunos centros católicos. Los jueces de lo Contencioso han ordenado reescolarizar a 200 niños sólo en Sevilla y la Junta alerta del "riesgo de masificación". Pero el TSJA advirtió en abril de que esto pasaría y culpó a la Junta "por negarse a concertar más unidades".
Un grupo de colegios católicos de Sevilla (San Isidoro, Buen Pastor, Las Irlandesas, la Compañía de María, los Padres Blancos, el Portaceli...) se están viendo asfixiados en el inicio del curso por una segunda escolarización sobrevenida: la que llega de los tribunales. No es algo exclusivo de Sevilla: varios delegados provinciales de educación han elevado a la consejera, Teresa Jiménez, su "preocupación" por que los magistrados estén reescribiendo la política de escolarización basándose en criterios antagónicos a los que defiende la Junta.
Los jueces de lo Contencioso Administrativo han aceptado casi la práctica totalidad de las medidas cautelares demandadas por los padres, logrando así que sus hijos regresen a los colegios de los que fueron expulsados por fraude escolar. Para anular las expulsiones que ordenó Educación y dejar sin efecto el baremo de escolarización que se ha aplicado a todos los colegios católicos, los magistrados no han entrado en el fondo del asunto, esto es, decidir si tienen razón los padres o la Junta. Sin embargo, todos los jueces consultados por este periódico han hecho ver que la doctrina de la Sala Tercera del TSJA está "manifiestamente a favor de lo que reclaman los padres, y en contra de lo que defiende Educación".
En las últimas tres semanas, los magistrados han trabajado con una reciente sentencia del TSJA en sus mesas. El fallo se dictó el 30 de abril, justo después de que se hubiera cerrado el último proceso de escolarización, y resuelve a favor de una niña expulsada del centro concertado Sagrado Corazón Esclavas "debido a que había menos plazas que alumnos". En ese fallo, el Alto Tribunal echa por tierra los razonamientos de la Administración sobre "la necesidad de mantener un límite de la ratio escolar para preservar el interés público de la educación de calidad".
Jurisprudencia. ¿Por qué ha vuelto a colación esa sentencia? Según fuentes judiciales en Sevilla, el TSJA ha devuelto a los juzgados de lo Contencioso las pocas medidas cautelares que los magistrados no han admitido. Los magistrados explican que denegaron algunas porque no se trataba de un alumno expulsado por la Junta, sino que simplemente no había logrado puntos suficientes en el baremo para lograr plaza en un concertado. En esos casos, la familia presentó un recurso ante el TSJA, y la Sala Tercera sí aceptó devolver al chico al colegio "tuviera o no tuviera puntos para entrar". "Los padres han recurrido al TSJA y éste nos ha devuelto las medidas cautelares denegadas recordándonos que la sentencia que dictaron hace unos meses crea jurisprudencia", asegura un juez.
Esa sentencia no se limita a entrar en el fondo del asunto. También carga contra la Consejería de Educación, a la que considera responsable de estar taponando la escolarización en Sevilla, por su empeño en no aumentar los conciertos: "La Sala conoce, por los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los titulares de centros concertados, que la Administración ha denegado multitud de solicitudes de aumento de unidades concertadas, a pesar de la demanda social. Provocando así la situación actual, en que la gran demanda de plazas en esos centros no puede ser satisfecha por falta de suficientes unidades concertadas". Y añade: "En cambio, la Administración oferta plazas en centros públicos que son rechazadas por los padres, entre otros motivos, por no ser el tipo de educación que desean para sus hijos".
Los jueces de la Sala Tercera, que también anularon contenidos de Educación para la Ciudadanía por considerarlos "ideológicos", entienden que la política de escolarización de la Junta es "arbitraria", y por ello la acusa de "pasar de ser garante del derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, a obstáculo que se interpone entre el centro y los padres".
La semana pasada, Educación alertó a los jueces del "riesgo de masificación en las unidades escolares" que pueden estar provocando. El Alto Tribunal hizo la misma advertencia a la Junta en la sentencia de abril. Ambos se consideran responsables de lo que está ocurriendo en las aulas.
