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El TSJA da otro varapalo a las nuevas agencias de la Junta

Una sentencia suspende cautelarmente la incorporación de personal sin opositar en el SAE

el 18 nov 2011 / 12:49 h.

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Los funcionarios protestaron contra la Ley de Reordenación.

La Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz se ha encontrado con un verdadero obstáculo en su camino: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En dos semanas ha dictado dos sentencias en las que prácticamente tumba la intención de la Junta de integrar 23.000 trabajadores de las 111 empresas públicas en ocho macroagencias. La última suspende cautelarmente la integración en el nuevo Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de los trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).


Esta nueva resolución del TSJA se produce dos semanas después de que los magistrados declarasen "nulo" el trasvase de trabajadores a la Agencia de Instituciones Culturales al considerar que el sistema de integración "no respeta los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución". El fallo era contundente al afirmar que "todos los trabajadores que se integran como personal laboral en la Agencia han eludido el acceso [a la función pública] según los principios de igualdad, mérito y capacidad". Un verdadero mazazo a la Ley, pues supone un claro precedente para los 27 recursos que los funcionarios, representados por dos plataformas, han presentado.


Precisamente, es esta misma Sala, la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo, la que ahora suspende la ejecución de este trasvase en el SAE, recogida en el protocolo de integración de fecha 20 de abril de 2011. De hecho, los magistrados aseguran que en el protocolo recurrido se produce "idéntico supuesto" que con el de la Agencia de Instituciones Culturales. Es decir, los magistrados entienden que con este protocolo "se pretende integrar al personal de la Faffe y de los Consorcios Utedlt como personal laboral de la Agencia eludiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad", exigidos en la Constitución para acceder a la función pública. La Junta ha recurrido esta sentencia porque asegura que los trabajadores se incorporarán sin cambiar de categoría laboral.
La sentencia es clara en este aspecto, ya que recuerda que al haber dictado este reciente fallo, la Sala ya tiene "criterio" sobre la "vulneración del artículo 23.2 de la Constitución" que supone la integración del personal de las empresas públicas en a agencia. Por ello, "acuerda la suspensión de las reglas tercera y cuarta de la resolución del 20 de abril de 2011", en un fallo contra el que no se puede recurrir.


Con esta decisión del Alto Tribunal revoca un auto anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla, en el que desestimó la adopción de medidas cautelares. La Asociación Al-Andalus de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía y la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública reclamaron al juez que se suspendiera la ejecución de la agencia mientras resolvía el recurso planteado por ellos contra el citado protocolo. El magistrado lo desestimó y los funcionarios recurrieron al TSJA que ahora les da la razón. No obstante, el Alto Tribunal no entra en el fondo del asunto, sino en la forma, ya que el Juzgado sevillano aún no se ha pronunciado al respecto.
satisfechos. Pero esto no quita que la sentencia suponga todo un varapalo para las intenciones de la Junta. "No entra en el fondo porque adopta una medida cautelar, pero es una sentencia importantísima porque la sala entiende que hay apariencia de buen derecho, por eso lo lógico es que si tenemos que llegar a la apelación es que siga el mismo camino", explicaron desde el despacho de Mariano Aguayo, que lleva la representación de las dos plataformas de funcionarios.


El fallo supone que la Junta tendrá que dar marcha atrás en la ejecución del protocolo, con lo que más de 3.000 trabajadores no podrán unirse a la nueva agencia de empleo hasta que no se resuelva el conflicto. "Es más lógico que se adopte la medida, porque si se ejecuta la integración y luego se revoca sería más dañino que si es al contrario", señalaron desde el citado despacho.


Por su parte, fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública indicaron a Europa Press que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía "están analizando el contenido de la sentencia notificada el pasado día 17 de noviembre, que afecta al protocolo de integración del SAE, a los efectos de su cumplimiento". Las mismas fuentes recordaron que "de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, en concreto su artículo 44 que se refiere a la sucesión de empresas, la Agencia está obligada a subrogarse en los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo del personal procedente de Faffe y de las Utedlt, como así va a ser informado por el Servicio Andaluz de Empleo".


La Ley de Ordenación del Sector Público Andaluz fue aprobada con el rechazo de los funcionarios que abrieron dos frentes de batalla: las movilizaciones, muchas de las cuales se radicalizaron; y en los tribunales, donde han presentado 27 recursos, la mayoría por vulneración de derechos fundamentales.

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