"Los órganos judiciales entrarán con pica en todos aquellos lugares donde se produzca un urbanismo salvaje". Así de rotundo se mostró ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, quien apostó por la sostenibilidad como máxima de la edificación.
Méndez de Lugo no quiso entrar a enumerar las zonas de mayores ilegalidades urbanísticas en Andalucía y aseguró que son los tribunales los que "deberán decidir qué viviendas están fuera de ordenación y actuar al respecto". En la inauguración de unas jornadas sobre ordenación del territorio, el presidente del TSJA apostó por que el desarrollo sostenible "sea la máxima a la que tiene que orientarse cualquier edificación o planeamiento".
En su intervención, explicó que el suelo "se ha convertido en una materia prima de una importancia económica, social y política inmensurable", lo que ha provocado que el terreno "escasee" y que "el ladrillo y el mortero sean más que un nido en el desarrollo del individuo". Por ello, indicó que los órganos judiciales están obligados a tomar decisiones "con cautela" para evitar la especulación.
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueno, también ponente en las conferencias, señaló que el derecho al medio ambiente y a una vivienda digna ocupan un lugar privilegiado en los principios rectores de la política social y económica. Para garantizarlos, dijo, "hace falta un parque de viviendas de alquiler adecuado", algo que "difícilmente se consigue en un mercado sometido a fuertes tensiones económicas".
Para Cano Bueno, el Estado debe intervenir en el mercado libre de la propiedad mediante políticas y legislación que garanticen estos derechos sociales. "Si las administraciones no actúan, podrían incurrir en inconstitucionalidad por omisión, ya que ese derecho aparece recogido en la Constitución española", añadió.
