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El TSJA ignora el Plan General de Sevilla

La sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la construcción de la biblioteca proyectada por la Universidad de Sevilla en el Prado de San Sebastián. El fallo judicial, recurrible en el Tribunal Supremo, ha causado sorpresa en los responsables de las administraciones local y autonómica...

el 16 sep 2009 / 04:23 h.

La sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la construcción de la biblioteca proyectada por la Universidad de Sevilla en el Prado de San Sebastián. El fallo judicial, recurrible en el Tribunal Supremo, ha causado sorpresa en los responsables de las administraciones local y autonómica, competentes en la planificación urbanística de la ciudad de Sevilla, que han anunciado la inmediata presentación del recurso al entender que el fallo no hace referencia a la vulneración de ningún aspecto legal sino al planeamiento urbanístico, potestad discrecional del Ayuntamiento de Sevilla. Los ponentes argumentan que el cambio de calificación a uso educativo de la parcela en la que se construye la biblioteca no estaba fundamentado en el PGOU de 2006 por la prevalencia del parque, más ajustado al interés general de los vecinos y a la "exigencia de protección del medio ambiente de la Constitución Española". Los magistrados se basan en el ius variandi, doctrina del Supremo, para subrayar que "no es posible hacer una modificación de planeamiento si ésta no viene avalada por la defensa de un interés general". ¿Alguien podría pensar que la construcción de una biblioteca pública no es asunto de interés general? El problema es que la sentencia, lejos de señalar ilegalidad alguna, se permite discutir la capacidad del Ayuntamiento en el ejercicio de una potestad básica como es el planeamiento. El PGOU de Sevilla fue aprobado por el pleno municipal y ratificado por la Junta tras cumplir todos los trámites legales de exposición pública. Siempre desde el respeto a la Justicia y a la sentencia del Alto Tribunal Andaluz, no parece lógico cuestionar la capacidad de las administraciones competentes para planificar urbanísticamente la ciudad dentro de la legalidad y el interés general. Pensar que las ciudades son 'inamovibles' por imposición judicial no favorece en nada al Estado de Derecho.

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