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El TSJA pide a Alaya delegar en otro juez por el retraso de las macrocausas

El Alto Tribunal le reprocha el número de imputados que faltan por declarar, algunos esperando casi cuatro años. La jueza del caso ERE, la gestión del Betis y el fraude en Mercasevilla ya rechazó compartir casos con otro juez

el 21 may 2013 / 15:03 h.

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D. Cela / L. Blanco El juez Rogelio ReyesDe las cuatro macrocausas que instruye la jueza Alaya, sólo el fraude de los ERE se mueve a un ritmo regular, las dos causas de Mercasevilla han estado mucho tiempo estancadas y el asunto de la gestión administrativa del Betis lleva casi un año parado”, advierten fuentes judiciales. Por segunda vez –la primera fue a raíz de la baja médica de seis meses de Alaya– el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reclamado formalmente a la jueza Alaya que delegue parte o alguna de las cuatro macrocausas que instruye en el juez de refuerzo que se le asignó mientras estuvo convaleciente, el magistrado Rogelio Reyes. Durante su baja, el Alto Tribunal asignó dos magistrados al tribunal de Alaya: Reyes y la jueza Ana María Curra. Ambos tomaron las riendas de los juicios por corrupción más sonados del país, incluido el caso del fraude de expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos (caso ERE), un asunto que puso al Gobierno andaluz contra la s cuerdas. A su regreso Alaya renunció al apoyo de Curra, pese a que el TSJA, de manera sorpresiva, le ofreció que mantuviera los dos refuerzos. La magistrada sólo aceptó a regañadientes a Reyes, a quien asignó las causas ordinarias (ninguna de las cuatro importantes). Hace dos semanas, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, solicitó tanto a Alaya como a Reyes sendos informes sobre el estado de los juicios que instruyen. En esos informes se basó ayer la Sala de Gobierno del TSJA, compuesta por 7 jueces, para acordar “por unanimidad” valorar “positivamente” el trabajo que está haciendo Reyes con los juicios menores, y mostrar su “preocupación” respecto al retraso que arrastran las cuatro macrocausas de Alaya, sobre todo porque los primeros imputados (en el caso Mercasevilla) lo fueron hace tres años y medio. La actitud del TSJA ha dado un vuelco en sólo siete días. Hace una semana Del Río afirmó que “todas las causas se están moviendo y se están poniendo fechas para las declaraciones”. Hay cerca de 70 imputados por diversos delitos de corrupción en el caso ERE que aún no han sido llamados a declarar. La comisión de jueces de la Sala de Gobierno, que recopila el voto de los 33 magistrados del Pleno, mostró ayer su “preocupación por el calendario y la prolongación temporal de algunas de la mismas así como con el número de imputados a los que no se ha tomado declaración hasta el momento, lo que aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas causas”. alaya_portada.jpgAlaya ya rechazó este ofrecimiento una vez y el TSJA no tiene potestad para obligarla a aceptar refuerzos, ni puede decirle cómo administrar las macrocausas. En caso de que admita ayuda, es ella quien decidirá cuál de los cuatro grandes casos delega en el juez Reyes (o si sólo cede una parte de la instrucción de uno de ellos). “La juez titular tiene poder sobre sus causas y el de apoyo no”, explican fuentes del Alto Tribunal andaluz. SIN OBLIGACIÓN // Alaya ha mantenido una regularidad en cuanto a las diligencias abiertas en torno a los ERE irregulares, también gracias en parte al juez Reyes. Fue el magistrado quien, en ausencia de Alaya y a petición de la Guardia Civil, preparó la operación Heracles, que condujo la trama hacia las consultoras, aseguradoras y sindicalistas que mediaban entre la Consejería de Empleo y las empresas en crisis para gestionar las ayudas públicas supuestamente fraudulentas. Estas entidades, valoró luego la jueza, cobraron sobrecomisiones millonarias, muy por encima del precio de mercado. La operación se saldó con 22 imputados más (algunos en prisión). Sin embargo, a partir de ahí la jueza ha vuelto a prolongar las declaraciones de algunos imputados que exigen su derecho a defender su inocencia. El dueño de Uniter, José González Mata, y el abogado de los Estudios Villasís, Carlos Leal, están imputados desde marzo, y aún no han sido llamados a declarar. La semana pasada, el presidente del TSJA vino a Sevilla a reunirse con Alaya. Del Río quería transmitirle su preocupación por la carga de trabajo que soporta la jueza. Ésta se comprometió a “agilizar y potenciar” las causas más retrasadas, incluso cerrar alguna antes de este verano. Al día siguiente citó a declarar para octubre al exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, el exdirector adjunto, Daniel Ponce, y la exdirectora del área económica y de contabilidad Pilar Giraldo, tres años y medio después de su imputación por un presunto delito societario, que se produjo el día 13 de mayo de 2010. En torno a Mercasevilla –el caso embrión del que se desprendió el fraude de los ERE– hay dos causas abiertas: las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de la empresa municipal de Sevilla, y el delito societario que se cometió en la lonja. Más lenta aún va la causa contra el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por un supuesto delito societario y de apropiación indebida durante sus años de gestión del club. Desde marzo, la juez Alaya está obligada a informar periódicamente al TSJA y en un plazo no superior a dos meses sobre la contribución de su refuerzo (el juez Reyes) y el desarrollo de las macrocausas.

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