La garantía de cumplimiento del Estado de Derecho que acredita el Alto Tribunal Andaluz queda fuera de duda, pero la proliferación de sentencias emanadas de este órgano judicial que fallan en contra de leyes y planes ideados desde la Junta de Andalucía favorece una visión de conjunto preocupante. Da la sensación de que, desde los tribunales, se está rehaciendo la política urbanística de la Administración autonómica. En menos de un año se han desestimado, entre otros, planes como el del Litoral Occidental de Huelva, el de Níjar y Carboneras, el de Chiclana o el de Burguillos. Cada uno tendría sus razones para que el TSJA dictara fallos desfavorables al de la Junta, pero sí que hay que advertir que está ocurriendo en esta materia un fenómeno relativamente similar al de la educación, en el que el Alto Tribunal termina siendo un actor más del proceso educativo en virtud de sus continuos pronunciamientos a la contra.
