Nuevo varapalo a la reforma del sector público emprendida por la Junta. El Gobierno andaluz estará obligado a informar a los sindicatos sobre los contratos realizados a externos, las funciones que estos desarrollan o cuáles son sus nóminas. Así lo estipula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha dado la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios. El fallo del Alto Tribunal es firme.
Según indica el SAF en una nota, esta sentencia "confirma el derecho a la obtención de información por los sindicatos, como propio del derecho a la libertad sindical". Los sindicatos de empleados públicos llevan años reivindicando este derecho, desde que la Junta puso en marcha su polémico decreto. El SAF exigía todos los datos sobre "uno de los despilfarros más polémicos y descarados de los últimos tiempos, culminados en la Ley 1/2011 de reordenación el sector público".
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha rechazado el recurso presentado por el Ejecutivo de José Antonio Griñán y ha ratificado la sentencia dictada en julio de 2012 por el juzgado número 2 de Sevilla. El SAF destacó ayer que ha conseguido "numerosas" sentencias a favor, en primera instancia, "pero es ahora cuando el TSJA condena en costas a la Junta y ratifica en un fallo firme el derecho a conocer toda la información sobre el personal externo -de empresas públicas o fundaciones- así como de nóminas o funciones". Este derecho, según confirma el Alto Tribunal andaluz, "ha sido reconocido por el Constitucional".
La sentencia estima el recurso interpuesto contra la resolución de la secretaría general técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca por la que se desestimaba el requerimiento del sindicato de aportar copia de los contratos. En esa petición también se solicitaba las funciones que desempeñan cada uno de los contratados, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos así como una relación de plazas vacantes. A partir de ahora la Junta se verá obligada a hacer públicos esos datos.
El SAF explicó que la Junta fundamentó su recurso de apelación en que el sindicato no está legitimado para obtener la documentación solicitada, un argumento "tumbado por el TSJA en rotundo". "La sentencia es clara y afirma que la información requerida tiene, pues, amparo en el artículo 28.1 de la Constitución, por cuanto es necesario para el adecuado ejercicio de la defensa de los funcionarios que representa (refiriéndose a SAF), para evitar que las funciones propias y reservadas por la ley a los mismos, sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público", sostiene la central sindical.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios mostró su satisfacción ante este logro "sin precedentes" en los tribunales y exigió al Gobierno andaluz que "acate este fallo firme sin dilaciones". El SAF reconoce "recompensada" parte de una "dura lucha" contra el "despilfarro" generado a través de la contratación externa, "tildada de ilegal por la Justicia, que ha anulado los estatutos y los protocolos de integración del personal externo en las agencias".
