D. Suárez / C. Muñoz
La expropiación de Tablada para convertirla en un parque va camino de ser el cuento de nunca acabar. El TSJA ha anulado el proceso expropiatorio iniciado por el Ayuntamiento hace ya más de un lustro ante la falta de definición de los usos que tendrán las 360 hectáreas. Habrá que empezar de nuevo y esperar otro año más para que Tablada sea municipal.
Pero el auto dictado por el Alto Tribunal andaluz, que no es recurrible, no significa en ningún caso que las constructoras dueñas de esta inmensa bolsa de suelo a las puertas de Sevilla hayan logrado su sueño: poder construir más de 15.000 viviendas de renta libre. Más bien al contrario: el suelo de Tablada sigue siendo rústico, o dicho de otro modo, no es urbanizable. Así está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital hispalense y así seguirá siendo.
La sentencia del TSJA no ha pillado por sorpresa al Ayuntamiento sevillano. Todo lo contrario. Deseaba que la decisión final del juez -un calco de la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 7, que echa en falta una mayor definición de los usos del parque y que recuerda al Ayuntamiento que tiene zonas verdes en las que no ha acometido ampliaciones previstas, como es el caso del Alamillo- fuera en contra de los intereses municipales. Y tiene su explicación.
Cuando la Gerencia de Urbanismo inició los trámites para expropiar Tablada, el Plan General de Ordenación Urbana (la biblia del urbanismo en la que se dice qué calificación y usos futuros van a tener los suelos de la ciudad) no estaba aprobado ni había un diseño claro sobre qué se haría en Tablada.
Conscientes de que la sentencia "podría ser negativa" -recordaban ayer fuentes de Urbanismo-, el Ayuntamiento empezó a montar una nueva estrategia judicial basada en dos pilares: la aprobación del Plan General en 2006 (en el que ya se fijan los valores paisajísticos y medioambientales que tiene la antigua dehesa militar) y el proyecto ejecutado por la Universidad de Sevilla sobre los futuros usos concretos del parque a instancias de la Consejería de Medio Ambiente, entonces en manos de Fuensanta Coves. Con estos mimbres, la aprobación en mayo del año pasado de una nueva Ley del Suelo vino a dar ya el espaldarazo definitivo a las pretensiones del Ayuntamiento.
Esta norma establece que el coste de los terrenos se calcularán según su valor real en el momento de la expropiación, no por sus expectativas urbanísticas, como así se decía en la Ley del Suelo que en 1998 aprobó el Gobierno de José María Aznar.
Eso significa que la sentencia del TSJA en la que se tumba el proceso expropiatorio iniciado hace ya un lustro por el Ayuntamiento tiene una vertiente positiva: el precio que la Administración local tendrá que pagar a los propietarios del suelo "bajará sensiblemente". Y tan sensiblemente: de 249 millones de euros a los 6,5 millones que ofrece la Gerencia de Urbanismo. Con la nueva Ley del Suelo en la mano, con Tablada no se puede hacer negocio.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía supone, eso sí, como mal menor, reconocían ayer las fuentes municipales consultadas, la demora en más de un año del proceso de expropiación. Es decir, que el Gobierno PSOE-IU tendrá que aprobar, previsiblemente en octubre, el nuevo proceso expropiatorio que se inició hace ahora un año en el Pleno municipal. Pero el Ayuntamiento está dispuesto a asumir este coste con la seguridad de que dentro de ese tiempo Tablada podrá ser lo que dice el PGOU: el nuevo pulmón verde de Sevilla y su área metropolitana.
