El exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, es conducido al furgón policial. / Estefanía González (Atese)
«Una tomadura de pelo». Así, calificó ayer el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a otorgar una plaza como funcionario al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a abonarle parte del sueldo que le correspondería, pese a estar imputado en la causa abierta por el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no quiso entrar ayer a valorar la decisión y se limitó a explicar que la decisión está siendo «estudiada» por los servicios jurídicos. Guerrero es uno de los principales imputados en el caso ERE, por el que ha estado en dos ocasiones en prisión, y es funcionario de la Administración andaluza. Sin embargo, no ejercía porque había solicitado una excedencia sin reserva de plaza para poder desarrollar su cargo como director general de Trabajo, en el que estuvo diez años. Cuando fue cesado solicitó su reincorporación como empleado público, una petición que ahora le concede el TSJA. El Alto Tribunal andaluz aclara que la Junta puede suspenderle, como ha hecho, de sus funciones pero debe asignarle una plaza y pagarle el setenta y cinco por ciento del sueldo que le corresponde, con carácter retroactivo.
«La están estudiando los servicios jurídicos», dijo al respecto Susana Díaz, que no quiso hacer más valoración sobre esta decisión, que revoca una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 que le daba la razón a laJunta. La Administración andaluza le concedió el reingreso activo pero sin asignarle una plaza, tras lo que lo declaró en suspenso provisional por estar imputado en una causa penal, sin que percibiera retribución alguna. «En cuanto tengan una valoración, se trasladará puntualmente», dijo ayer la presidenta andaluza tras ser preguntada por este asunto. Quien sí se pronunció fue el portavoz parlamentario del PSOE, que calificó de «tomadura de pelo» esta sentencia. Mario Jiménez dijo que aunque hay que «respetar» la decisión judicial, se mostró convencido de que la Junta, si existiera la posibilidad de recurrir el fallo, lo hará. «No sé si en este caso cabe algún ámbito de apelación, si no fuera así a la Junta no le queda más remedio que cumplirlo», indicó.
Jiménez señaló que si la Justicia cree que «ese es el camino» tendrá su «fundamento», pero dijo estar convencido de que los ciudadanos, después de que el propio Guerrero haya «confesado que ha tomado decisiones en contra de los andaluces», no lo entenderán porque es una «paradoja» que se reincorpore a la Administración andaluza.
En realidad, los jueces no ordenan a la Junta que Guerrero se incorpore efectivamente a un puesto de trabajo, sino que éste le sea asignado. Una vez que dé este paso, la Junta puede suspenderlo de manera indefinida, mientras esté sin resolverse el proceso judicial. «Le corresponden derechos económicos desde que debió incorporarse al puesto de trabajo que había que adjudicarle, y que la Administración debe determinar cuál es. Las prestaciones económicas en todo caso contando con la suspensión de funciones». Los jueces consideran que la resolución de la Junta negando a Guerrero su plaza «incurre en anulabilidad», porque «con el reingreso se le debió adjudicar un puesto de trabajo y reconocer unas prestaciones económicas, que aunque suspendido, le deben ser mantenidas». Esto supone que tiene derecho a percibir el setenta y cinco por ciento de su sueldo, trienios, pagas extras y la ayuda familiar.
Fianza a Rivas. Por otro lado, la jueza Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 3.323.672 euros a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por su «conocimiento y participación activa» en el fraude de los ERE. Además, a tres ex secretarios técnicos de la Consejería de Empleo les reclama un total de 40 millones para asegurar la responsabilidad civil.
