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El TSJA pide abrir un expediente a Manuel Chaves por el caso Matsa

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo del Gobierno andaluz que archivaba el caso por la ayuda de diez millones de euros a la empresa en la que trabajaba la hija del expresidente Manuel Chaves. Exige ahondar en la investigación. La Junta recurrirá.

el 15 ene 2011 / 12:23 h.

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El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo del Gobierno andaluz que eludió abrir un expediente, como pidió el PP, al expresidente Manuel Chaves por el llamado caso Matsa. La denuncia versa sobre la ayuda de 10 millones de euros que el Consejo de Gobierno concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), con sede en Huelva, y en la que trabajaba como apoderada la hija del actual vicepresidente tercero del Gobierno, Paula Chaves Iborra.

Según la resolución -difundido por Europa Press-, el TSJA ordena "la apertura de un expediente sancionador" para Chaves, como pedía el PP en su denuncia al considerar que se vulneró la ley de incompatibilidades al otorgarse esta subvención. La Junta anunció ayer que recurrirá.

El Tribunal Supremo archivó una denuncia del PP por este caso, negando que hubiera indicios delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Aproximadamente un mes después de que el Supremo archivara la querella contra Manuel Chaves, la oposición volvió a la carga y denunció, esta vez ante el TSJA, la decisión del Gobierno andaluz de no abrir expediente al expresidente por no haberse inhibido en la concesión de esta subvención, dado que su hija era una de las apoderadas de la empresa.

En este punto, siempre dentro de la vía contenciosa administrativa, ha encontrado el PP su primera victoria. En su pronunciamiento, el Alto Tribunal considera que el Gobierno andaluz elaboró una resolución "arbitraria e injustificada", le reprocha que eludiera investigar a fondo los hechos denunciados. "En lugar de determinar con la mayor precisión posible los hechos denunciados, sin actividad investigación alguna, se han limitado a elaborar unos informes jurídicos interpretativos", recoge.

El Gobierno andaluz acordó en julio de 2009 no abrir expediente sancionador y archivar las actuaciones entorno al caso Matsa. Un informe de la Inspección General de Servicios no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.

El artículo dice que "los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho o persona de su familia en el segundo grado civil".

La Junta siempre ha defendido que la decisión de conceder la ayuda a Matsa la adopta el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que el Consejo de Gobierno únicamente la ratifica, de ahí que aleguen que Chaves no debió de inhibirse. Además el Gobierno andaluz asegura que el nombre de la hija del expresidente no aparece en el expediente de la subvención hasta después de que ésta se concediera.

El TSJA en su auto insiste en que "lo realmente trascendente" es era si Chaves, cuando se aprobó la subvención, conocía que su hija trabajaba en Matsa. Según confirma el Alto Tribunal, Paula Chaves trabajaba en la empresa minera desde julio de 2007 "con funciones de asesoramiento jurídico" y esta relación laboral era conocida por su padre, por lo que considera que la investigación debe centrarse en esos hechos.

La sentencia cuenta con el voto particular "discrepante" del presidente de la sala primera de lo contencioso administrativo, Julián Manuel Moreno Retamino. Este magistrado considera que "la existencia de una denuncia anterior [...] no puede considerarse elemento determinante para concluir que existen unos hechos que por su gravedad o verosimilitud deben ser investigados mediante un procedimiento sancionador".

El PP consideró en su denuncia que la falta de inhibición de Chaves podría ser una infracción "muy grave", con pena de entre 3 y 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.

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