Nuevo varapalo contra los propietarios de Tablada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a dar la razón a la Junta de Andalucía en una sentencia en la que ratifica que dichos suelos deben seguir siendo una zona verde, un terreno de especial protección donde no cabe el ladrillo.
Los magistrados de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSJA vuelven a blindar estas 360 hectáreas al desestimar el recurso presentado por la Agrupación de Interés Económico Tablada contra la resolución de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (hoy Obras Públicas y Vivienda) que aprobaba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), en el que se recoge que la dehesa es un suelo no urbanizable de especial protección.
La sentencia, con fecha del pasado 13 de abril, rechaza el recurso presentado por los empresarios contra dicha resolución de la Junta -el decreto 267/2009 de 9 de junio-, no se pronuncia sobre el coste de las costas y recoge que el contenido del recurso es muy similar al que dio lugar al proceso en esa misma Sala en 2006, cuando los dueños de Tablada denunciaron la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla, publicada por la Junta el 19 de julio de 2006.
No obstante, a diferencia de otras sentencias , en esta ocasión el Tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto y basa su resolución final en una cuestión de forma. En concreto, admite el argumento del letrado de la Junta que defiende que el recurso es inadmisible porque no se acredita "el acuerdo societario para su interposición por parte de la entidad actora, lo que supone una infracción del artículo 45.2 d) de la Ley reguladora de al Jurisdicción". Esto es, que la Agrupación de Interés Económico Tablada no aprobó en sus órganos de dirección la presentación del recurso, como marca la "sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2008", apunta el TSJA.
Los propietarios del suelo alegan que las determinaciones del Potaus sobre Tablada carecen de justificación suficiente, que la decisión de destinar la totalidad de la dehesa a parque metropolitano es "manifiestamente desproporcionada" e infringe el artículo 53.2 de la Ley 30/1992 y la 1/1994 "al imponer a los terrenos la clasificación de suelos no urbanizables de protección".
"En cualquier caso, la clasificación no tiene ninguna justificación en el propio contexto del Potaus", concluye la argumentación de la demanda. Sin embargo, los magistrados de la Sección Segunda no tienen en cuenta estas cuestiones y declaran la inadmisión del recurso contencioso administrativo.
Otra sentencia, del 14 de mayo de 2010, reproduce "por coherencia" íntegramente los mismos argumentos que ya expusieran los magistrados en la resolución del 29 de octubre de 2009, con la que desestimaban el recurso de los dueños. En ambos casos, consideraron que la potestad del "planteamiento" está en manos de la Administración. Máxime cuando la intención de la Junta y del Ayuntamiento es preservar "el carácter natural o rural de los suelos", apuntaba la sentencia.
Con todo, los tribunales han tumbado ya en dos ocasiones la expropiación. Eso sí, cuando el Consistorio aún no contaba ni con el PGOU ni con el plan de la Junta para convertirlo en parque metropolitano.
Un histórico litigio entre expropiación y negociación
Con ésta son ya tres sentencias a favor de la Junta y del Ayuntamiento, al que favorece a la hora de negociar un hipotético tercer intento de expropiación, ya que al tratarse de terrenos no urbanizables su valor es menor. Con todo, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha revocado la expropiación de Tablada en sentencias anteriores, será el Supremo quien tenga la última palabra. No obstante, el equipo de gobierno que llegue al Ayuntamiento después del 22-M podría optar por negociar una solución pactada con los propietarios, como ya planteó el actual alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.
Las 360 hectáreas en litigio fueron vendidas por el Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros a las cajas El Monte y San Fernando, que luego las revendieron por 85 millones de euros.
