La memoria del TSJA señala que, en tiempos de crisis, como cualquier otra administración pública, la de justicia está sometida al principio de austeridad. "El generoso esfuerzo inversor no puede seguir creciendo indefinidamente", señala el informe, y frente a la tradicional fórmula de aumentar órganos y plantillas que conlleva cierta "burocratización", el TSJA aboga por reorganizar los medios existentes, con fórmulas como la creación de una bolsa de jueces de carrera, no interinos, pero sin plaza fija, dispuestos a desplazarse en cada momento allí donde un repunte de pleitos colapse un juzgado.
Son los llamados jueces de adscripción territorial, una figura ya prevista en la planificación de creación de órganos de este año que incluye nueve plazas de este tipo. Pero el TSJA va más allá al reclamar que el 12% de la plantilla de jueces en Andalucía esté formada por este tipo de plazas, una bolsa estable de cien magistrados de urgencia a los que acudir "para atender picos de litigiosidad que no justifican aumentos de plantilla pero que deben ser atendidos, como se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la crisis económicos en los juzgados civiles y mercantiles".
Y es que, como ya ocurrió en 2008, la crisis planea sobre toda la memoria del TSJA al atribuir gran parte del aumento de la litigiosidad a conflictos derivados de la misma. De hecho, los juzgados de lo mercantil son los que más asuntos pendientes acumulan (7.073, un 64%más que el año anterior) y también en los que más han aumentado los ingresos (7.383, un 39% más, entre ellos 917 concursos de acreedores y 3.467 incidentes concursales) y el año pasado se tuvo que adelantar a abril la puesta en marcha de los nuevos órganos de este tipo prevista para noviembre. El TSJA hace especial hincapié en la excesiva carga de trabajo que soportan los de Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz.
También los juzgados de lo social, competentes en despidos laborales y conflictos colectivos, experimentaron un aumento del 13% de asuntos ingresados (entre ellos 489 conflictos colectivos, 22.053 despidos y 30.125 reclamaciones de cantidad) y terminaron el año con un 28% más de casos pendientes.
Continúa el tradicional colapso de la jurisdicción penal y contencioso-administrativa, donde los asuntos pendientes -187.433 y 91.244 respectivamente- han crecido por encima del 30% respecto a 2008. Los jueces de lo penal dictaron 31.405 sentencias (tres de cada cuatro condenatorias y a una media de 462 por magistrado que duplica la ratio general)pero acumulan 61.936 ejecutorias pendientes
La memoria analiza también en qué medida cada órgano supera el módulo de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial estipula debe tramitar cada año y constata que "la situación ha llegado a un punto alarmante por la crisis" en los juzgados de primera instancia, en los contenciosos "los ingresos han alcanzado su valor máximo desde su creación".
