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El TSJA «suspende» a los niños objetores a Ciudadanía

El TSJA ha dictado varios autos en los que deniega los recursos interpuestos por padres que, habiendo logrado anteriormente fallos favorables a la objeción a Educación para la Ciudadanía, solicitaron la ejecución provisional de las mismas para anular y dejar sin efecto los suspensos impuestos a los alumnos que no iban a clase.

el 16 sep 2009 / 00:06 h.

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El TSJA ha dictado varios autos en los que deniega los recursos interpuestos por padres que, habiendo logrado anteriormente fallos favorables a la objeción a Educación para la Ciudadanía, solicitaron la ejecución provisional de las mismas para anular y dejar sin efecto los suspensos impuestos a los alumnos que no iban a clase.

El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura, explicó a Europa Press que, de esta manera, el TSJA "sigue en la línea de acoger" la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que denegó el derecho a la objeción en una sentencia hecha pública en febrero. El Supremo resolvió que la objeción a EpC era ilegal y que la materia no vulneraba la libertad religiosa e ideológica.

Seco explicó que la argumentación del TSJA se basa en el hecho de que, si acordara la ejecución provisional de las sentencias favorables para anular los suspensos a los estudiantes que no han ido a clase, "se podría causar un daño menor" al alumno en el caso de que estos fallos fueran revocados o anulados por el TS, lo que haría que el alumno "tuviera que recuperar EpC de manera tardía".

Tras subrayar que el TSJA "ha girado" su actuación para adaptarse a la nueva situación generada tras el fallo del TS, el letrado sevillano destacó la necesidad de que las editoriales "sean tremendamente escrupulosas" a la hora de acoger la sentencia del Supremo y "no se produzca un deslizamiento de contenidos contrarios a la neutralidad ideológica o que adoctrinen".

Por ello, solicitó al Ministerio y a la Consejería de Educación que "velen" por que los textos "se ajusten" a la doctrina del TS, que, aunque rechazó la objeción a EpC, también señaló que ello "no autoriza a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

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