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El TSJA tumba tres recursos contra los topes urbanísticos

Desestima las demandas de patronal y PP, que pedían anular el POTA

el 28 ene 2011 / 20:28 h.

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El POTA nació para luchar contra la especulación y garantizar el crecimiento ordenado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado los recursos que presentaron el PP, el Ayuntamiento de Málaga y los promotores contra el polémico Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que fijó topes de crecimiento urbanístico para luchar contra los desmanes del ladrillo.


Esos límites -un municipio no puede crecer urbanísticamente más del 40% y tampoco su población puede aumentar por encima del 30%-, aprobados en 2006, desataron una guerra entre los empresarios -principalmente, aunque también los consistorios- y la Junta que se trasladó a los tribunales. La batalla se enmarcó en plena eclosión inmobiliaria y el TSJA se pronuncia por primera vez ahora, en plena crisis de la construcción.


Los tres demandantes, que pedían la nulidad de la norma, entendían que el POTA coartaba la libertad de los ayuntamientos a la hora de planificar su territorio, algo que el TSJA rechaza. Niega que el plan vulnere la autonomía local y reconoce a la Junta la potestad de intervención. La federación de promotores (Fadeco) llevó el documento a los tribunales en 2007 porque, a su juicio, iba a suponer la ruina de un sector que vivía en vacas gordas. Vaticinaron que implicaría la paralización de la actividad urbanística hasta 2011, la pérdida de un 10% del negocio y que afectaría negativamente al empleo y la economía andaluza. La crisis económica y no la aplicación del plan ha dejado cortas sus previsiones.


En su recurso, la patronal denunciaba "contradicciones" entre el POTA y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por ejemplo que el plan prohibía hacer viviendas en los campos de golf y la ley no. El TSJA no ve contradicciones porque el POTA debe someterse a la LOUA, que tiene rango de ley. Los empresarios consideraban que los límites de crecimiento eran "inadmisibles" por chocar con la autonomía local, además de "discrecionales". El Alto Tribunal asegura que el POTA "no establece una prohibición sino un criterio general que debe respetarse" e insiste en que el municipio "goza de absoluta libertad para la ordenación del territorio".


flexibilización. El recurso del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el popular Francisco de la Torre, también hacía hincapié en la vulneración de la autonomía local a la hora de elaborar los planes generales. El POTA sentó como un jarro de agua fría a muchos consistorios que acababan de elaborar unos PGOU que ya no servían porque no incluían los topes de crecimiento urbanístico. Las presiones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) lograron que la Junta excluyera de esos límites a las localidades de menos de 10.000 habitantes (la mitad de los municipios andaluces). Este punto no fue el único en el que cedió el Gobierno andaluz. La patronal consiguió que los polígonos no computen en los topes de expansión urbanística.


El Alto Tribunal andaluz también desestima los argumentos del PP, que criticaba que el plan "excede su función de constituir el marco de referencia" del territorio en Andalucía. El TSJA también niega que el POTA carezca de memoria económica. Quedan pendientes de resolver otros recursos, pero ni siquiera la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se atreve a dar un número porque muchos de ellos se han reagrupado. El POTA se aprobó bajo la batuta de la consejera Concepción Gutiérrez en 2006, trece años después de que el expresidente andaluz Manuel Chaves lo prometiera. Supuso blindar el urbanismo de la especulación y propiciar un crecimiento ordenado.

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