Otro varapalo judicial para Túmbala, la plataforma ciudadana en contra de la torre que construye Cajasol-Banca Cívica en la Cartuja. El proyecto diseñado por el arquitecto César Pelli ha superado todos los frentes judiciales abiertos hasta ahora.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó ayer la “inadmisión” de un recurso contra las licencias de la torre Pelli, ratificando así un auto previo que declaraba “inadmisible” el recurso “por no haber sido interpuesto en tiempo y forma”. Lo cierto es que, con esta resolución judicial, la Justicia no entrará en el fondo de la cuestión, los jueces no analizarán la legalidad de la tramitación urbanística del proyecto, que se da por buena, y los miembros de Túmbala no tendrán más remedio que acudir a la Gerencia de Urbanismo para hacerse oir.
“Lo que nos dice la Sala es que antes de acudir a la vía contenciosa debemos ir a la administrativa, denunciar las irregularidades ante el Ayuntamiento y, si su respuesta no nos satisface, entonces sí, acudir a los tribunales”, explicó ayer a esta redacción Ángel Tarancón, abogado de Túmbala, quien defendió que es una “cuestión de tiempo y forma”.
Según esta sentencia, del 12 de enero de 2012, el arquitecto Fernando Mendoza “y otros” habían recurrido por la vía contencioso-administrativa los acuerdos emitidos por la Gerencia de Urbanismo el 16 de julio de 2007 y el 17 de septiembre de 2008 en favor de la sociedad Puerto Triana, para autorizar los movimientos de tierra y las obras. El 28 de julio de 2011, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 ya había resuelto como “inadmisible” dicho recurso “por no haber sido interpuesto en tiempo y forma”, según informó Europa Press. Ahora, el TSJA ratifica tal decisión.
Y eso mismo espera Tarancón que suceda con la otra vía judicial abierta en el juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo. Por lo que se cierran así todos los frentes judiciales abiertos contra la torre de 178 metros de altura.
La sentencia señala que los recurrentes esgrimían su “particular interpretación” del plazo de cuatro años que el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 fija para el ejercicio de la acción pública. La sentencia cree “indiscutido” el ejercicio de la acción pública de los recurrentes, pero cree que “la impugnación de la licencia se ha debido hacer dentro de los plazos ordinarios”.
reunión con icomos. El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), anunció ayer que la próxima semana se reunirá con Icomos, el órgano asesor de la Unesco que emitió un informe en contra de la torre, a quien dedicará “todo el tiempo que sea necesario”, después de que la presidenta de la entidad, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, pidiera la cita para que ambas partes debatieran “con espíritu constructivo” el conflicto. Zoido reiteró que las negociaciones sobre la torre se llevan con “discreción” para conjugar los intereses y, a la pregunta de si es posible que ordene la paralización de la obra antes de junio, cuando se reúne el Comité de Patrimonio Mundial, sólo apuntó: “No se lo puedo decir”.
