El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado un auto en el que establece un plazo de dos meses para que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat establezca las medidas necesarias para incluir el castellano "como lengua vehicular" en el sistema educativo, ha informado este viernes el tribunal.
En concreto, el TSJC estima que la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece el castellano "como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto al catalán", por lo que pide a la Conselleria que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento y que informe de las mismas.
Sobre esta resolución cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días tras la notificación, que se realizó a finales de julio -el auto está fechado el 28 de julio-, por lo que, teniendo en cuenta que el mes de agosto está considerado inhábil, el plazo finalizará en los próximos días.
El auto adoptado coincide con las sentencias del Tribunal Supremo (TS) del pasado mes de mayo en las que daba la razón a dos familias catalanas que reclamaban su derecho a la escolarización en castellano, representadas por Convivencia Cívica Catalana (CCC).
La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, recordó entonces que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut en el que recordaba que el castellano debe ser también lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, le permite al Govern determinar la proporción de uso de cada idioma en las aulas.
El auto del TSJC dado a conocer este viernes señala que el 22 de junio ya acordó requerir a la Conselleria de Enseñanza una explicación sobre las "concretas medidas" adoptadas tras las sentencias del TS, respuesta que se produjo el 13 de julio con la aportación de datos estadísticos acerca del modelo lingüístico de enseñanza en Catalunya.
La justificación de la Generalitat apunta a que para garantizar la exigencia legal de pleno dominio de las dos lenguas al finalizar la enseñanza obligatoria es necesario continuar con el actual modelo, si bien el TSJC considera que este escrito "resulta insuficiente" y obliga de nuevo al ejecutivo catalán a adoptar medidas concretas en un plazo de dos meses.
