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El TSJC suspende cautelarmente la prohibición del burka en edificios municipales de Lleida

El Ayuntamiento prepara el recurso a la suspensión cautelar

el 17 ene 2011 / 19:57 h.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido de manera cautelar el acuerdo del Ayuntamiento de Lleida de prohibir el burka, el niqab y otras prendas que tapen el rostro en edificios municipales.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el 12 de enero, precisa que la suspensión cautelar estará vigente hasta que haya sentencia sobre recurso contra la prohibición presentado por la asociación musulmana Watani.

La concejal de Movilidad, Vía Pública y Seguridad Ciudadana de Lleida, Sara Mestre, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento prepara recurso contra la suspensión cautelar.

Mestre, que interpreta que en el auto, al que se oponía el fiscal, la sala no entra en el análisis de fondo de la prohibición, ha defendido siempre la necesidad de la prohibición por motivos de seguridad.

La prohibición del velo islámico fue aprobada de forma definitiva el 8 de octubre de 2010 y entró en vigor el 9 de diciembre.

El Ayuntamiento de Lleida fue el primero en España que en mayo del año pasado dio luz verde a la prohibición inicial, un trámite para la definitiva de octubre.

La suspensión del acuerdo es consecuencia del recurso especial de protección de los derechos fundamentales presentado por la asociación musulmana Watani de Lleida contra la modificación de la ordenanza municipal de civismo y convivencia que afecta a mercados, transporte urbano, centros cívicos y otros locales municipales.

La sala segunda de lo contencioso administrativo del alto tribunal había denegado inicialmente la solicitud de la medida cautelar.

Ahora, con la oposición del ministerio fiscal, los seis magistrados, habiendo oído al Ayuntamiento y a la Fiscalía, señalan que la ley jurisdiccional intenta dar respuesta a las necesidades de establecer medidas cautelares.

Carlos Antolí, abogado de Watani, que había solicitado la suspensión cautelar argumentando que la medida vulnera los derechos fundamentales, ha sostenido que esta normativa "supone una discriminación por razones religiosas".

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