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El TSJCV confirma el archivo de la incorporación de Correa, Crespo y Pérez Alonso en la causa de los trajes

Ha desestimado los recursos de queja contra la decisión del magistrado instructor de la 'causa de los  trajes', José Flors, de archivar la causa en la parte que afectaba a  los supuestos donantes de los regalos

el 10 jun 2011 / 09:08 h.

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  • La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de  la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de queja  contra la decisión del magistrado instructor de la 'causa de los  trajes', José Flors, de archivar la causa en la parte que afectaba a  los supuestos donantes de los regalos, Francisco Correa, Pablo Crespo  y Alvaro Pérez.

    Así, en un auto dictado este viernes ha rechazado los recursos de  queja presentados por la representación procesal de la acusación  popular, integrada por el ex portavoz socialista en las Cortes  Valencianas Angel Luna y otros, a título personal, pero citando su  condición de diputados en la legislatura anterior de les Cortes, y el  segundo por el ministerio fiscal.  

    De este modo, se ha rechazado los recursos contra la decisión de  Flors de que no se puede proceder penalmente en estas actuaciones por  los hechos relativos a la conducta de los presuntos cabecillas de la  trama de Gürtel en relación "con las entregas o el pago del precio de  prendas de vestir con las que indiciariamiente parecen haber sido  obsequiados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el ex  secretario general del PPCV Ricardo Costa; el ex jefe de gabinete de  la Consejería de Turismo Rafael Betoret; y el ex vicepresidente del  Consell Víctor Campos, por resultar penalmente atípica". 

    La sala señala, en primer lugar, que los recursos de queja no se  refieren a los hechos que se han estimado acreditados con carácter  provisional sino en su calificación jurídica. En este sentido, ambos  recursos discrepan de la conclusión jurídica del magistrado  instructor de la causa, José Flors, que sostiene que tipificados los  hechos de la autoridad o del funcionario en el artículo 426 del  Código Penal, en su redacción de 1995 y no según la que consta en la  LO 5/201, esa norma "sanciona únicamente a la autoridad o al  funcionario que admitiere la dádiva o regalo hecha en consideración a  su función, pero no la del particular que la realiza".

    El tribunal explica que la interpretación del instructor, basada  en la estructura sistemática del Capítulo V (Del cohecho) del Título  XIX (Delitos contra la administración) "no es solo que se corresponda  con esa estructura, es que, además, la interpretación contraria  llevaría a la conclusión de que carece de una mínima adecuada  sistemática legislativa".

    La sala añade que en la práctica social, y en especial en  comunidades pequeñas, "es, pero sobre todo ha sido, común que los  ciudadanos expresaran el agradecimiento a un funcionario (...) por el 



    buen trato, por la amabilidad, por los pequeños favores, bien  entendido siempre de la ley, con regalos o dádivas de cuantías  moderada", que "en modo alguno podían entenderse tipificados como  delito", al estar guiados por un "ánimo de gratitud o de  reconocimiento".

    La tipificación, según la sala, "aparece cuando el regalo o dádiva  pasa a ser algo no adecuado socialmente, que cabe presumir guiado por  otras intenciones", y entonces, esa tipificación cubre "toda una  serie de supuestos de hecho en los que no existe o no se puede  demostrar que exista un regalo y una contraprestación por parte del  funcionario, pues se hace solo en consideración a la función" y  atiende al funcionario "pero no al particular, dado que se trata de  sancionar la conducta del funcionario que admite la dádiva, que es la  socialmente reprochable, pero no la del particular que la ofrece".

    NO SIEMPRE "MERIDIANA CLARIDAD"

    La sala reconoce que "es cierto" que las cosas "no siempre se han  presentado con meridiana claridad" y aquí "los cambios legislativos y  la sistemática empleada y resultante, no han ayudado a lograr una  tipificación muy precisa y dotada de la conveniente y suficiente  concreción, al menos en algunas de las conductas incorporadas al  delito de cohecho", en particular al impropio. 

    Así, señala que existen resoluciones anteriores al Código Penal de  1995 en las que podría encontrarse doctrina anterior y contraria a la  sostenida por Flors y la propia sala, aunque "en los últimos años,  con alguna oscilación", sentencias del Tribunal Supremo se decantan  por no tipificar el cohecho activo impropio, de las que expone tres  casos. Por ello, relacionando esta doctrina con la reforma  legislativa de la Ley 5/2010, considera que ésta debe ser "a la que  la sala debe estar y a la que está" para rechazar los recursos.

    Según la sala, de esta reforma última "se debe desprender que el  propósito del legislador fue cambiar lo existente y que, de modo muy  particular" las enmiendas presentadas, por parte de GV-EAJ-PNV y  ERC-IU-ICV, "perseguían, más bien de modo retórico, despejar  definitivamente dudas sobre la responsabilidad del particular", que  con la nueva redacción sí que es castigado.

    "Cuando existen dudas sobre la tipificación de una conducta por la  redacción de un tipo penal, se difumina el principio de lex certa,  por lo que la reforma legislativa que viene a aclarar dichas dudas,  debe en principio entenderse como reforma y cambio respecto de una  anterior situación de atipicidad", indica.

    Por otra parte, la sala también rechaza la alegación del fiscal de  que el sobreseimiento parcial es "prematura" ante la posibilidad de  que haya una acumulación con la otra causa relacionada con Gürtel  pendiente en esta sala, la de financiación irregular en relación con  delito electoral, entre otros. Al respecto, señala que el ministerio  fiscal "ha pretendido, de modo reiterado y siempre sin resultado, no  ya incluir a los particulares en el cohecho impropio, en su parte  activa, sino alterar la calificación del mismo cohecho para pasarlo a  propio".

    Sobre este extremo, la sala rechaza que el sobreseimiento vulnere  el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, por que  no se determina qué garantía se estima vulnerada; añade que la  procedencia de una u otra clase de sobreseimiento los es por las  circunstancias concurrentes "y no por una genérica invocación a una  práctica judicial" y concluye que frente a la posibilidad de una  acumulación de causas, "los ciudadanos tienen derecho a que se aclare  su situación procesal lo antes posible legalmente y sin estar a la  espera de futurible alguno".

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