El turno de las contrataciones del PP

Un cambio de gobierno demandado mayoritariamente por los ciudadanos, como el de mayo de 2011, puede desembocar en dos escenarios distintos. Una simple alternancia, de forma que si antes gobernaban unos ahora les toca a otros, con su ideología, sus iniciativas, sus intereses, sus sectores afines y su modelo de trabajo. O una reforma completa del gobierno que acabe con prácticas que por inercia se habían asentado en la administración, que aproveche los avances del anterior mandato, corrija errores y analice los debates de la ciudad desde una postura de defensa del interés general por encima del particular. Lo normal es que ocurra lo primero; lo extraordinario y casi imposible es que suceda lo segundo. Y el problema, sea quien sea el que gobierne, se produce cuando se intenta generar la imagen de un cambio en la forma de hacer política mientras, en muchos casos, se repiten las mismas prácticas que antes pero con distintos protagonistas y beneficiarios.

Si ha ganado el PP por una mayoría históricamente amplia, es normal que ahora sean dirigentes de esta formación y de esa ideología, sus militantes y sus asociaciones afines quienes dirijan el rumbo de la ciudad. Lo han decidido las urnas. Eso implica que los cargos de libre designación que tiene un Ayuntamiento sean ocupados por personas de estos perfiles o, aunque no sean militantes, por profesionales con un planteamiento similar al del alcalde. Así ha ocurrido con la práctica totalidad de los altos cargos de la ciudad nombrados desde mayo por Juan Ignacio Zoido: coordinadores generales, directores generales, responsables de las empresas municipales... Y es legítimo. La contradicción llega cuando el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla se esfuerza en centrar su discurso en la profesionalidad e imparcialidad de la mayor parte de sus altos cargos como si las plazas hubieran salido a concurso público o fueran gestores o tecnócratas al margen de las siglas a las que representan en un empecinamiento por justificar un discurso de oposición que a veces fue demasiado lejos (sin que esto implique que los anteriores no cometieron errores y prácticas al menos poco éticas en sus contrataciones). Los puestos de libre designación son de confianza. Y habitualmente la afinidad política es relevante para estos cargos, porque de no ser así, los partidos ningunearían a sus afines despreciando el trabajo que realizan y su capacidad para ejercerlo en la administración.

Pero el debate abierto con los coordinadores de distrito va más allá de la contradicción entre un discurso ficticio y la realidad. La práctica que se llevaba a cabo desde 2005 en los distritos era irregular. Era una forma de configurar una red de personal de confianza al margen del presupuesto de la administración y usando a empresas privadas. Un responsable de un distrito lo confesaba en privado: cuando se contrataban los talleres, el distrito ofrecía una batería de nombres a la empresa para los puestos de coordinadores, todos afines o militantes con perfiles que encajaran en los cargos que se les iban a asignar. No es que se obligara a la empresa, es que si una compañía recibe una adjudicación, y días después unos currículum que vienen de quien te ha contratado para ocupar unos puestos concretos, difícilmente dirá que no.

Y el PP ha abusado de esta práctica como lo hicieron sus predecesores, con el agravante de que al mismo tiempo se ha difundido públicamente que hay un ahorro de personal de confianza y que no existe un trato preferente para ningún profesional por su afinidad o militancia política. No es así. El PP, de momento, no ha negado los datos difundidos por este periódico, ni los relatados un día después por la oposición. ¿Y no parece mucha casualidad que al menos 20 de 50 coordinadores de una empresa privada que contrata con el Ayuntamiento sean del PP? ¿O que dirigentes de Nuevas Generaciones encuentren ahora un empleo en las empresas privadas que trabajan para los distritos?

El gobierno local debe dar explicaciones, y no centrarse en amenazar a la oposición con destapar más irregularidades de los mandatos anteriores. No hay que olvidar el pasado, pero lo que se debe juzgar ahora es la actuación de este gobierno. Y lo que haya ocurrido en años anteriores no puede servir para justificarlo todo ni para invalidar cualquier denuncia que realice la oposición, que está en su legítimo derecho de pedir explicaciones aunque sólo sea para poner en evidencia que el PP hace en muchos casos lo mismo de lo que les acusó a ellos.