El documento, elaborado por Ángel Díaz del Río, presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanísticos y decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, compara la situación de ilegalidad del Banana Beach con otras 16 promociones que, según los perjudicados, la Junta sí "indultará". Hace cinco años, el Gobierno andaluz encargó a un equipo de prestigiosos urbanistas, dirigido por Manuel Ángel Fustegueras, la elaboración de un plan urbanístico para devolver el orden a una ciudad sumida en un hondo caos por las tropelías que se remontan a la etapa de Gil. Afloraron miles de viviendas ilegales y la Junta perdonó unas 18.000. Dejó fuera de ordenación unas mil casas sin habitar y otras 500 habitadas, entre las que se encuentran los apartamentos del Banana.
Los afectados tienen el apoyo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), que intentó por todos los medios incluir esas 500 viviendas habitadas en el PGOU. Le costó un pulso con la consejería, que amenazó con anular el planeamiento si el ayuntamiento abría la mano. Finalmente, la regidora aceptó la propuesta de la Junta para evitar que Marbella volviera a quedar en el limbo urbanístico.
Ayer el departamento que dirige Juan Espadas mandó un comunicado de respuesta a la protesta de los vecinos marbellíes y aseguró que la última palabra sobre la ilegalidad del Banana se decidirá en la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) el 29 de enero. Será el último paso antes de aprobar definitivamente el PGOU. La consejería recordó que fue el Supremo el que anuló en 2004 la licencia concedida por el anterior consistorio para construir este edificio. La sentencia es firme.
La administración argumenta que el inmueble se asienta en unos terrenos calificados como sistemas generales de uso público y que el suelo frente al litoral debe quedar libre de ladrillo. El equipo de Fustegueras añade que los pisos se han levantado en una parcela "irremplazable". Eso no implica necesariamente que haya que derribar, algo que deberán decidir los tribunales.
Los propietarios afectados temen más la situación de "indefensión" que viven desde 2004 que la demolición. "Derribar sería muy costoso, porque tendrían que indemnizarnos", explicó ayer José Ortiz, portavoz de la comunidad de vecinos. Tienen miedo de que al quedar fuera del plan general tengan que pagar todos los meses "hipotecas fantasmas" sobre pisos ilegales y que no puedan ni hacer obras en ellos ni venderlos o dejarlos en herencia. Ortiz recordó que la licencia municipal se otorgó en 1998 y que el 80% de los propietarios compraron los apartamentos "en la caseta de obra". Admite que habrá "muy pocos" que adquirieron las viviendas a sabiendas de que eran ilegales cuando a partir de 2004 el Banana Beach acaparaba todos los titulares de prensa nacional e internacional.
La mayoría de los dueños son matrimonios que han planeado su jubilación en Marbella y que llevan años luchando contra una situación que consideran "incomprensible". Es el caso de una pareja de extranjeros -prefieren no dar sus nombres- que compraron una casa "de buena fe" para pasar su vejez en la Costa del Sol. "Lo hicimos todo con abogados, nos dieron agua y electricidad y luego nos dicen que es ilegal. Para mí, como alemana, es impensable que ocurra esto en Europa", dice ella. Invirtieron todos sus ahorros en el Banana Beach y ahora miran el futuro con "incertidumbre". Creen que la fama de Marbella en el extranjero se ha visto muy dañada por episodios como éste. Precisamente un eurodiputado inglés ha enviado recientemente una carta al presidente Zapatero en la que le pide que intervenga en favor de los propietarios afectados por los "abusos urbanísticos", como los dueños de las ocho casas de Albox (Almería) que se demolerán.
A los propietarios del Banana les quedan muy pocas cartas que jugar. Si su bloque se mantiene fuera del PGOU, lo impugnarán en los tribunales y confían en que los jueces anulen el planeamiento. Eso sí, la guerra por sus derechos no cesará.
