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El último viceconsejero de Empleo defiende que el fondo de ayudas era "legal"

Justo Mañas dedica tres horas a dar explicaciones en el Parlamento.

el 24 ago 2012 / 09:17 h.

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Justo Mañas, exviceconsejero de Empleo durante la última etapa, ha defendido hoy en el Parlamento que en ningún caso consideraron ilegal el sistema de ayudas que está siendo investigado por la justicia en el caso de los ERE e insistió en que ese modelo para repartir las subvenciones tenía "base legal". Mañas fue viceconsejero desde 2010 a 2012, con Manuel Recio como consejero de Empleo y José Antonio Griñán como presidente, y su equipo fue el encargado de revisar los expedientes. Con él se detectaron las irregularidades y se cambió el sistema legal para repartir las subvenciones, modificando el modelo de transferencias de financiación a una encomienda de gestión, como había aconsejado la Intervención General de la Junta.

El exviceconsejero ha sido el primero de los comparecientes en la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz que ha accedido a contestar a las preguntas de los grupos políticos. Ha agotado su tiempo, una hora, para exponer detalladamente el trabajo que realizó para detectar las presuntas ilegalidades. Y después ha pasado casi otras dos horas respondiendo a PP, PSOE e IU.

Es Mañas quien ordenó, en febrero de 2011, paralizar el pago de las pólizas de casi 6.000 prejubilados andaluces. Una decisión "compleja", "de enorme dureza", retrató, que se adoptó tras detectarse 72 intrusos y 11 anomalías en las 5.982 prejubilaciones revisadas. En febrero de 2011, se denuncian estos casos ante la justicia. También se revisan de oficio, explicó, las ayudas directas concedidas a empresas y se concluyó que hay hasta 11 millones de euros que deben ser reintegrados a la administración.

"Lo único que hemos hecho es elaborar un nuevo Código de Circulación más seguro", defendió en un símil. Sobre por qué se cambió el sistema de ayudas, Mañas ha insistido en que fue para hacerlo más "saludable" y para "mejorar el procedimiento", pero "no para pasar de un sistema ilegal a otro legal", subrayó. "Los mecanismos de control eran mejorables", admitió el exviconsejero, quien negó reiteradamente que el sistema no fuera legal.

"Hay que distinguir entre lo manifiestamente mejorable y lo ilegal", afirmó. "Ni oculto, ni opaco", dijo, defendiendo que el fondo de ayudas estaba reflejado en los sucesivas leyes de Presupuestos (partida 31L) aprobadas por la Cámara y era "convenientemente fiscalizado". En 2001 y a través de un convenio, las ayudas sociolaborales salieron del circuito oficial y pasaron a repartirse, primero, a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, después, a través de la agencia pública IDEA. Según la Guardia Civil y la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, de este modo las ayudas escaparon a los controles administrativos y se convirtieron en un fondo ilegal de más de 1.000 millones de euros.

El exviceconsejero de Empleo sostiene que hasta 2012 no se supo del pago de elevadas comisiones a las aseguradoras, de lo que alertó -explicó-la Cámara de Cuentas. Entonces, dijo, se ordenó suspender los pagos a una de las compañías, Generali, con la que ahora la Junta está renegociando las condiciones de las pólizas.

Sobre si el Gobierno de Griñán ordenó tapar el fraude, Mañas ha defendido que la única instrucción que recibió fue "llegar al fondo de todo lo que haya caiga quien caiga". En ese sentido ha negado que se destruyeran pruebas o documentos, como ha investigado la Guardia Civil. Mañas negó que discutiera con sus superiores sobre responsabilidades políticas en el reparto de estas ayudas o la inclusión de los intrusos.


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