El parque periurbano de la Corchuela, ahora cerrado temporalmente, en una imagen de archivo. / Jesús Espínola La operación Madeja, la trama judicial en la que están implicados exresponsables de la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha provocado que el parque de la Corchuela cierre temporalmente. Sólo está abierto, según confirmaron fuentes municipales, cuando hay operarios trabajando en él. La falta de seguridad impide, por ahora, su reapertura.
¿Y por qué no hay seguridad? Sencillamente porque el parque no tenía, a 1 de enero, ningún director que firmase la prórroga del contrato de seguridad. Yes que el 19 de diciembre, el exjefe de servicio de Parques y Jardines y entonces director-conservador de la Corchuela, Francisco de Amores, entraba en prisión por orden de la jueza Mercedes Alaya. Por ahora, el Ayuntamiento no tiene fecha de reapertura, pero insiste en que se está tramitando la contratación del servicio de seguridad y en que están intentando resolverlo lo antes posible. De hecho, las fuentes municipales consultadas también rechazan que este cierre temporal sea «por dejadez» del Ayuntamiento. «En esa fecha se estaban dando unas circunstancias y hay que cumplir unos trámites administrativos para la prórroga de dicho contrato», señalaron tras confirmar que el 1 de enero caducó el contrato de seguridad y para esa fecha no estaba nombrado el director-conservador del parque, por lo que no se podría firmar la prórroga del contrato.
Con todo, en el parque un cartel impide el paso desde hace casi un mes: «Prohibido el paso. Info: Llamen al Ayuntamiento», reza en él, según informó eldiario.es. Y es que este pulmón verde a las afueras de Sevilla está gestionado por un consorcio en el que el Ayuntamiento de Sevilla participa en un 76%, mientras que el resto está en manos del Consistorio de Dos Hermanas (10%), el de Los Palacios (4%) y la Diputación de Sevilla (10%).
Precisamente hoy habrá una reunión entre los miembros del consorcio en la que se presentará al jefe de servicio de Parques y Jardines nombrado a finales del pasado octubre, Miguel Cerón, el ahora responsable de este parque periurbano. En esta cita el Ayuntamiento defenderá que trabaja en el pliego de condiciones del concurso para contratar la seguridad de la zona verde y que la convocatoria pública será en breve tras el visto bueno de la mesa de contratación y de la culminación de los procedimientos habituales. Así que los amantes de este parque, de Sevilla y también de Dos Hermanas y Los Palacios, tendrán que esperar.
Cerón sustituyó a finales de octubre al ahora encarcelado Francisco Amores y a mediados de diciembre tras desencadenarse la segunda fase de la bautizada como Operación Madeja, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, a instancias del alcalde, Juan Ignacio Zoido, aprobó la destitución del director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, antes incluso de conocerse su imputación.
Con todo, el Ayuntamiento defiende que el cierre temporal del parque de la Corchuela por la falta de seguridad no tiene nada que ver con la operación Madeja. «No es por la trama de Fitonovo», sostuvieron las fuentes municipales consultadas.
Esta causa judicial que también lidera la jueza Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento y exasesor del grupo socialista durante el Gobierno municipal de Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios (como el de la empresa Fitonovo)contratos de servicio del Consistorio hispalense.
Sólo permanecen en la cárcel el administrador único de la empresa Fitonovo, José Antonio González Baro, y el citado exjefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores, cuyo abogado recurrió el auto de prisión ante la propia jueza, que lo desestimó.
El también exdirector del parque de La Corchuela habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento. De hecho, según informó Europa Press, la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma. Fernando de Amores negó ante la jueza Alaya todas las acusaciones vertidas contra él.
