El desbarajuste jurídico que causó el traspaso de las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir a la Junta de Andalucía y su posterior devolución a la Administración central por mandato del Tribunal Constitucional y después de fracasar una encomienda de gestión es mío pero tú administras tiene ahora, cuatro años después, sus paganos: los agricultores y las industrias que usan sus aguas. El canon que en 2011 el campo regional no pagó al Gobierno autonómico puesto que fue recurrido y anulado, el de la Nación lo reclamará en 2015. 
Campos de arroz en el pueblo arrocero por excelencia en la provincia de Sevilla: Isla Mayor. / CARLOS HERNÁNDEZ
Legalmente sí puede hacerlo puesto que el órgano regulador de la cuenca, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), asumió con sus propios recursos los ingresos que no obtuvo por parte de los regantes por el agua empleada y por las inversiones afrontadas en los pantanos y las canalizaciones.
«La CHG se hizo cargo de la gestión de todos los embalses e infraestructuras hidráulicas de la cuenca a partir del 22 de octubre de 2011, si bien el Estado volvió a tener las competencias exclusivas sobre la cuenca desde el 11 de abril de ese año, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional. Dado que desde esa fecha, en ninguno de los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua aprobados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (años 2012, 2013 y 2014) se han repercutido los gastos producidos en el organismo (...), transcurrido el tiempo suficiente para que los procedimientos se hayan normalizado, en el presente canon que se redacta [para 2015] se incluirán dichos gastos».
Éste es el argumento jurídico que esgrime la CHG en su propuesta tarifaria para el ejercicio venidero. «Esa repercusión supondría castigar al regadío con una subida media superior al 40 por ciento de los cánones y tarifas de riego. Es sencillamente una locura, algo que no nos podemos permitir, si tenemos en cuenta la crítica situación que padece el sector agrario, con unas tarifas eléctricas insoportables y por los bajos precios percibidos por los agricultores», lamenta Margarita Bustamante, presidenta de la asociación andaluza de regantes Feragua.
Estamos hablando de usuarios agrícolas, pero también de industrias y de compañías eléctricas (los aprovechamientos hidrológicos), según consta en el documento rubricado por Juan Saura, el director técnico y hombre de toda la vida en la CHG.
El universo del canon en la cuenca es amplio como amplia también es la diversidad de sistemas de regadío y los componentes de la tarifa. Pongamos ejemplos: sin contar con los suplementos para amortizar la construcción de los embalses La Breña II y El Arenoso, el pago más frecuente en 2015 sería de 81,53 euros por hectárea de regadío, de ellos 26,09 correspondientes a 2011. El abastecimiento a industrias (son grandes consumidoras) pasaría a 60.254,58 euros el hectómetro cúbico, incluidos 20.175,9 heredados de aquel año. El desembolso para termosolares pasaría a 2.719,81 euros por hectómetro cúbico, con 1.650,38 coleando. Por último, el coste para los aprovechamientos hidroeléctricos se elevaría a 2,07 euros el megavatio. Todo en condicional puesto que se trata todavía de una propuesta que ya ha cosechado voces críticas en el campo: no niegan que el regulador contabilizara unos gastos en 2011 no compensados por sus clientes del agro, pero sí «que se cargue» contra éstos los «platos rotos» de aquel conflicto de competencias librado por la Junta de Andalucía por el río. Es más, algunas organizaciones agrarias que entonces avalaron el traspaso de una cuenca netamente andaluza pero con ramificaciones en Extremadura y Castilla-La Mancha pregonan hoy su rechazo al encarecido canon y amenazan con los tribunales.
Tanto Feragua que siempre defendió la competencia estatal como la asociación de regantes Areda y la organización agraria UPA-A han anunciado ya que recurrirán unas tarifas incrementadas que les han pillado de imprevisto. Los servicios jurídicos de la patronal Asaja de Sevilla analizaban ayer el texto de la CHG para adoptar una decisión: el jefe del departamento, Emilio Vieira, comentaba que, independientemente del sí o el no, el regulador de la cuenca «no tiene precisamente el don de la oportunidad a tenor de cómo está el campo, aún en crisis, y sin plantear siquiera la posibilidad de pagar en dos o más plazos, sino de una tacada». Y no estamos hablando de gasto de consumo, sino del canon por la utilización del órgano de la cuenca (costes de administración) y de las infraestructuras hidráulicas asociadas, más una porción (4 por ciento) para amortizar las inversiones afrontadas por el Estado. En el caso concreto del arroz, que riega a través de tomas directas del río en su último tramo, en las marismas sevillanas, el canon se incrementa en un 30 por ciento, aclara la CHG.
El planteamiento descrito está sometido a exposición pública, con polémica arrastrada. Feragua recurrirá los cánones y tarifas de 2015. «No consideramos de recibo que ahora se proponga esa repercusión sin previo aviso» y que sea el campo el que pague aquella persistencia de la Junta de Andalucía por asumir las competencias del río. «La agricultura vive un momento muy delicado como para que se produzca un incremento tan desorbitado e inasumible por los regantes», señala Agustín Rodríguez, secretario regional de UPA.
Para hacerse una idea del importe económico, sirva como referencia el volumen previsto por el canon en 2013 por la CHG: casi 23 millones de euros. Esta cantidad para 2015 se vería sustancialmente incrementada al incorporar el dinero adicional del año 2011.
La cuenca supera las 800.000 hectáreas de regadío, con olivar, frutales, arroz, algodón y maíz entre los cultivos principales. El canon de la CHG se calcula a partir del hipotético incremento de la renta aparejado al consumo de agua. Para 2015, el órgano estima que la asignación de 3.774 metros cúbicos por hectárea (promedio en una campaña normal) conllevará 505,9 euros de subida de renta por hectárea.
