El comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), un organismo consultivo de la Unesco para asuntos patrimoniales, hizo público ayer un informe en el que arremete con inusitada dureza contra el proyecto de Cajasol de construcción de un rascacielos en la Cartuja. En el documento se recomienda a la Unesco que incluya a la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias en el listado denominado como Patrimonio Mundial en Peligro en tanto no se retire la propuesta de edificar la conocida como Torre Pelli por considerar que el inmueble tendría un impacto irreversible sobre el paisaje de la ciudad. Con semejante conclusión, tampoco puede extrañarle a nadie que los firmantes del informe se explayen en sus críticas a la entidad promotora del proyecto, Cajasol, a la que acusa de proponer un planteamiento inadecuado e irrespetuoso, y a las administraciones que lo han autorizado: el Ayuntamiento, del que dice que ha perdido el rumbo patrimonial con una política errática, y la Junta, a la que recrimina su pasividad. Desde luego, nadie puede restarle importancia a un informe como éste, pues puede afectar a la declaración patrimonial de nuestros monumentos más importantes, con el consiguiente daño de imagen que acarrearía. Ahora bien, merece la pena reflexionar sobre tres puntos críticos. En primer lugar, sorprende un golpe de esta magnitud a unas administraciones tan garantistas en materia patrimonial. De otra parte, llama la atención que el documento de Icomos (por cierto, plagado de juicios de valor sumarísimos) salga a la luz tres años después de que se hiciera pública la intención de alzarlo y casi dos desde que se conociera el proyecto. ¿Por qué no mostró entonces su rechazo y lo hace ahora tan a destiempo? Y, por último, conviene hacer el ejercicio de pensar quién está detrás de cada informe. En este caso, un grupo de profesionales de la conservación cuya opinión es tan respetable como la de los técnicos de las Administraciones que han autorizado el proyecto.
