El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, reiteró ayer la voluntad de "diálogo" y la disponibilidad de la Iglesia a una "profunda y provechosa" colaboración con las autoridades españolas, "en el marco de una sana laicidad". Pocas horas antes de su llegada a Madrid en su primer viaje a España en el cargo, Bertone hizo estas declaraciones al diario de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), Avvenire, al que contó que el motivo de la visita es pronunciar una conferencia sobre los Derechos Humanos en su 60 aniversario.
Preguntado sobre si "son difíciles" las relaciones entre la Iglesia Católica y el Gobierno español, el número dos del Vaticano dijo que "la voluntad de dialogar es una señal positiva". "Los católicos son tradicionalmente respetuosos con el poder político legítimamente constituido y la Iglesia siempre disponible a una provechosa colaboración con las autoridades en el marco de una sana laicidad", afirmó Bertone.
Reformas. Paralelamente a la visita de Bertone, todos los grupos del Congreso rechazaron ayer las iniciativas del grupo parlamentario formado por ERC, IU e ICV en las que se solicitaba al Gobierno que adoptara "las reformas legales oportunas" para establecer un procedimiento que permitiera "de forma rápida y con garantías causar baja de las religiones", así como que se revisaran los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede para eliminar "los privilegios que tiene la Iglesia católica". El diputado de ICV, Joan Herrera, encargado de defender la propuesta para regular la apostasía, aseguró que las personas que quieren abandonar la fe cristiana se enfrentan "a un proceso lento e incierto" que muchas veces les obliga a recurrir a los tribunales.
El político ecosocialista defendió, además, que se deberían suprimir los nombres de los apóstatas del registro bautismal "ya que son datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos".
"Poder darse de baja de una religión, dijo, es un derecho recogido en la Constitución, por lo que la iniciativa pretende simplemente que el Gobierno cumpla la ley".
De la misma forma, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja rechazó la propuesta de crear una comisión no permanente para estudiar los asuntos relativos a la eutanasia defendida por ERC-IU-ICV. Gaspar Llamazares argumentó que "la vida impuesta contra la voluntad de su titular no merece el calificativo de bien jurídico protegido". El diputado recordó casos recientes de enfermos que han luchado por no alargar su sufrimiento y poder morir tranquilamente. "La vida es un derecho, no un deber", dijo.
