La juez que investiga el presunto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla aceptó ayer tomar nuevas declaraciones a cuatro testigos propuestos por las diversas partes. Tres de ellos son altos cargos de la Consejería de Empleo (para dos de ellos el PP solicitó su imputación), mientras que el cuarto testigo es el jefe de la Unidad adscrita a los juzgados de la Policía Judicial, quien declaró la semana pasada por la otra rama del caso abierta por el juzgado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 aceptó que el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, declarase como testigo a petición del PP, ya que él fue quien entregó a la Fiscalía el CD con las grabaciones que destaparon el caso. La intención es averiguar el recorrido del mismo, ya que los empresarios de La Raza lo entregaron a un cargo de Empleo el 28 de enero, pero hasta el 13 de febrero no estuvo en manos del Ministerio Fiscal. Para ello, también la juez ha solicitado que se aporte el expediente "de información reservada", instruido por el viceconsejero y abierto el 12 de febrero.
Ésta ha sido una de las pruebas aceptadas por la juez en la comparecencia previa del jurado, a la que asistieron los cuatro imputados por un delito de cohecho: el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce, la empleada Regla Pereira y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. Además, también ha admitido que declaren el ex director general de Formación para el Empleo y actual coordinador general de dicha consejería, Juan Manuel Fuentes Doblado; y su sucesora María José Lara López, tal y como pedía el PA. La juez rechazó así de nuevo imputarles en el caso, tal y como volvió a pedir ayer el PP, ya que consideran que hubo un trato de favor en la tramitación de la subvención que solicitó Mercasevilla para la futura Escuela de Hostelería, de la que se encargaría La Raza.
La magistrada también va a citar al jefe de la unidad adscrita a los juzgados de la Policía Judicial, cuya testifical solicitó el PP para que ratifique las declaraciones que tomó a los imputados al inicio del caso. De hecho, tanto Mellet como Ponce sólo han declarado ante la Policía, ya que se acogieron a su derecho a no declarar en el juzgado. Ayer, volvieron a hacerlo después de que Mercasevilla, y el PSOE lo solicitaran.
Además de tomarles declaración a estos testigos, la magistrada va a pedir a la Policía Científica, a solicitud del PP, que examine la grabación realizada por los empresarios de La Raza de la conversación en la que supuestamente Mellet y Ponce les reclaman 300.000 euros de comisión por gestionar la escuela (además de 150.000 euros para el montaje eléctrico). El objetivo de esta prueba, que es la que más puede retrasar el proceso hasta el juicio, es identificar las voces.
Por su parte, el abogado de Rivas, Francisco Baena Bocanegra, solicitó la declaración de tres funcionarios de la delegación provincial con el fin de acreditar que las conversaciones telefónicas con Mercasevilla de las que habla Mellet "fueron para saber si la hija de un funcionario salía o no en la Cabalgata de Reyes", explicó el abogado. Baena Bocanegra también recordó a los periodistas que la imputación de Rivas está recurrida a la Audiencia Provincial de Sevilla, "que aún se tiene que pronunciar sobre su expulsión del caso". Para el letrado Rivas "es un auténtico convidado de piedra" en este procedimiento, pues "no hay pruebas de su participación en los hechos".
La magistrada, en cambio, rechazó la declaración de uno de los empresarios que denunciaron los hechos, al considerar que su testifical anterior "fue amplia y detallada". Tampoco ha admitido la declaración del ex director del Gabinete de la Presidencia de la Junta José Manuel Cervera, ni del director del gabinete jurídico.
