El viceconsejero Lozano recurre a la Audiencia la "corruptela procesal" e "imputación selectiva" de Alaya

El escrito de apelación ante la Audiencia de su abogado critica la “imputación selectiva” de la jueza. Arremete contra la magistrada por no aclarar los delitos que atribuye y creerse competente para cuestionar leyes

el 29 jul 2013 / 10:00 h.

La defensa del actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, y del exdirector de Presupuestos Buenaventura Aguilera ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto del 28 de junio en el que la jueza Mercedes Alaya imputa a ambos –junto a una veintena de cargos y exaltos cargos de la Junta– en el marco de la investigación del presunto fraude en ayudas públicas para ERE de empresas en crisis. Una imputación que en su extenso recurso, de 31 folios, el letrado José María Mohedano califica de “selectiva” porque la jueza “ha intentado eludir la imputación de cualquier aforado”; “intolerable e inaceptable” por cuanto cuestiona un procedimiento presupuestario amparado por las leyes del Parlamento, algo para lo que Alaya “carece absolutamente de competencia”; y por la “frivolidad” de no concretar los presuntos delitos que les atribuye provocándoles una indefensión “que recuerda las llamadas a juicio en tiempos anteriores al Estado de Derecho”. En un punto concreto del escrito, el letrado llega a tildar de “corruptela procesal” que hace un año Buenaventura Aguilera fuera citado a declarar como testigo por la Guardia Civil “sin delegación u orden” judicial y ahora “sin más” le “convierta en imputado” sin una relación “completa, detallada, específica” de los indicios criminales hallados desde su declaración como testigo más que la mera afirmación de que “fue sucesor en el cargo del director general de Presupuestos del señor Lozano”. El recurso reclama a la Audiencia la nulidad del auto de imputación con dos argumentos fundamentales: la indefensión jurídica de no detallar los delitos de los que se les acusa y el cuestionamiento de que exista responsabilidad penal en la mera participación de Lozano y Aguilera, por sus cargos, en la elaboración de los Presupuestos que contenían la partida de la que entre 2001 y 2009 salieron las ayudas bajo sospecha o en la aprobación de las modificaciones presupuestarias que permitieron aumentar esa partida mediante transferencias de financiación, un procedimiento “inadecuado” pero no ilegal –según la Intervención– para el pago de subvenciones. El abogado José María Mohedano y la jueza Alaya se vieron por primera vez las caras el pasado jueves durante el interrogatorio al interventor de la Junta Manuel Gómez, imputado por malversación y cohecho, que reiteró sus continuos avisos a la Junta de la “mala práctica presupuestaria por arriesgada” que según la jueza ha causado un fraude a las arcas públicas de 145 millones. En esa sesión, Mohedano tuvo un rifirrafe con la jueza por no permitirle representar a dos imputados e impedirle preguntar al interventor sobre su defensa de la legalidad del procedimiento realizada en el Parlamento. Mohedano hizo constar su protesta por escrito y no escatimó críticas a Alaya en los pasillos del juzgado por el carácter “inquisitorial y predemocrático” de sus interrogatorios, con preguntas “capciosas” y “continuas interrupciones al declarante cuando no le dice lo que quiere oír”. También se quejó de que pese a haber presentado su recurso el 19 de julio, aún no lo había elevado a la Audiencia. En ese recurso, el letrado se queja del daño a la “imagen pública” y “reputación” de “las personas que ocupando cargos públicos o no se han visto relacionadas con este procedimiento penal”. Arremete contra la instrucción de Alaya que “describe unos sucesos y unas meras opiniones o apreciaciones sobre modelos presupuestarios y financieros de Andalucía y a renglón seguido decide imputar, entre otros, a mis representados sin designar infracción ni describirla”, que es la única forma de fijar la relación entre una persona y un hecho, “lo cual ignora o conscientemente desprecia la instructora”. Para el letrado, la imputación “no deriva de una apreciación de indicios suficientes para atribuir una conducta delictiva” sino de una “declaración de principio” que hace Alaya –“ha llegado el momento de dar un salto cualitativo”, parafraseando a la jueza–. Critica que ésta rechace de inicio que los presuntos hechos delictivos puedan atribuirse “a un reducido grupo de personas” –la teoría de los “cuatro golfos” de la Junta– sino que extienda “el radio de posibles responsables prácticamente a todo aquel que hubiera tenido una relación aunque fuera simplemente burocrática con los implicados”. Eso sí, siempre que no sean aforados, lo que le obligaría a elevar el caso a tribunales superiores. En el recurso se habla de “selección aleatoria” e “imputación selectiva”, aludiendo a casos como la imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández –que llegó a estar en prisión– y no a su antecesor José Antonio Viera. Y cuestiona que Alaya convierta “una controversia contable” sobre el uso de un determinado procedimiento presupuestario “en una sospecha de ilegalidad e la actuación de todos los altos cargos de la Junta –todavía solo de los no aforados– en las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda”. Es más, insiste en que el procedimiento venía amparado por las sucesivas Leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz con lo que “la instructora se atribuye tácitamente nada menos que la competencia para juzgar los actos del Poder Legislativo” y hace “un reproche que necesariamente va dirigido al legislador andaluz para el que carece absolutamente de competencia y que resulta absolutamente inapropiado y fuera de lugar pues solo el Tribunal Constitucional tiene competencia para enjuiciar las leyes”. La defensa de Lozano y Aguilera, citados a declarar los días 17 y 19 de septiembre, coincide así en muchos de sus planteamientos con los de la propia Junta, que pese a ejercer la acusación, recurrió el auto de imputación de 20 cargos y exaltos cargos.

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