El Gobierno alega que la ley antidesahucios daña a la banca

La Junta recibe el texto del recurso del Gobierno, que considera “una catarata de ideología neoliberal en defensa de la banca”.

el 29 ene 2014 / 11:28 h.

  Afectados por desahucios duermen  a las puertas de un banco. / JUAN MEDINA (REUTERS) Afectados por desahucios duermen a las puertas de un banco. / JUAN MEDINA (REUTERS) Una quiebra del sistema financiero español, una prima de riesgo disparada y una enorme inseguridad en el sector inmobiliario. Estos son algunos de los efectos que, según el Gobierno de Mariano Rajoy, provocaría la aplicación de la ley andaluza antidesahucios. La Consejería de Fomento y Vivienda ya ha recibido el texto del recurso que el Ejecutivo central ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional y que ha provocado la suspensión de los artículos impugnados de la norma: las expropiaciones a la banca de viviendas para evitar desahucios y las multas a las casas vacías en manos de entidades financieras. El documento, según la consejera, Elena Cortés (IU), es “un escándalo democrático”, una “catarata neoliberal” y una “vergüenza”. Mientras el Ejecutivo pronostica unas consecuencias catastróficas para la economía del país si la Ley de la Función Social de la Vivienda siguiera en vigor, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, cuestionó ayer la eficacia de una norma que, “desde luego, no está dando resultados”. “El decreto andaluz no está dando muchos resultados porque no va a dirigido a gran parte de la población y, además, se ha hecho de espaldas a la legislación, fulminando las competencias recogidas en la Constitución y produciendo inseguridad jurídica”, manifestó ayer Crespo en Almería, informa Europa Press. Acusó a la Junta de “falta de lealtad institucional” al tramitar la ley de vivienda “sin tener competencias”. Desde el Gobierno andaluz, Cortés se mostró indignada con el argumentario del Ejecutivo y criticó la “discriminación del PP a Andalucía” porque en Cataluña “opera una norma similar”. El texto del recurso es muy alarmista con los efectos de la ley antidesahucios. Sostiene que “pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo en España y de comenzar la senda de crecimiento económico”. El Gobierno mantiene su argumento de que la norma vulnera las competencias estatales, pero pone sobre todo el acento en el rescate a la banca. Las medidas que contempla la ley, afirma, “comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración financiera”. También recuerda que el Memorando de Entendimiento (MOU) –que fija las condiciones del rescate bancario a España– “obliga a las autoridades españolas a consultar a Europa y al FMI cualquier política que pueda tener un impacto en los objetivos del programa”. El recurso del PP carga duramente contra las expropiaciones temporales del uso de las viviendas para frenar los desalojos, algo que provocará una “pérdida absoluta de valor de la cartera traspasada a la Sareb” –banco malo. “Ningún inversor comprará viviendas en Andalucía cuando una norma permite al adquiriente permanecer en ella tres años sin satisfacer renta alguna al propietario, lo que convierte en inviable la venta del inmueble”, reza el texto. En definitiva, expone que ceder el derecho “a favor de la función social, supone la desaparición de la propiedad privada para convertirse en propiedad pública”.

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