El que fuera gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, y dos arquitectos municipales eludieron ayer cualquier responsabilidad en el accidente laboral que en 2004 costó la vida al obrero ecuatoriano Guillermo Stalin durante el derribo de un edificio en la Cuesta de Gomérez.
Se enfrentan, junto a otros seis imputados, a penas de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación, por homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo.
En su comparecencia ante el juez, Lorente dijo desconocer el pliego de condiciones de adjudicación del trabajo a la empresa de Rehabilitaciones y Demoliciones de Granada y si existía o no un plan de seguridad, al considerar que las obligaciones en esta materia las habría de concretar la contratista.
Lorente aseguró además que el consistorio incluía habitualmente en este tipo de documentos, donde la actuación es urgente, un estudio de seguridad genérico e incidió en que se limitó a firmar la certificación de obra.
En la misma línea se manifestaron los arquitectos Jacobo de la Rosa y Jorge Moreno, si bien éste reconoció que un particular denunció en octubre de 2004 daños en su vivienda por las obras y advirtió que podría producirse "una desgracia".
Fue entonces cuando hizo una llamada a la arquitecta encargada de la dirección de obras y la coordinación en materia de prevención de riesgos laborales. M.P.G.G., también imputada, para que "comprobara esos extremos", quien le informó de que "no pasaba nada" en la obra.
